El contrabando de cigarrillos en Colombia ha alcanzado su punto más crítico en los últimos 15 años. Según el reciente ‘Estudio de Incidencia de Cigarrillos Ilegales’, realizado por la firma Invamer, el 38% de los cigarrillos consumidos en el país son ilegales y aunque el fenómeno afecta a todo el territorio, tres departamentos concentran las mayores pérdidas económicas, dejando un vacío fiscal que compromete directamente el bienestar social de sus habitantes.

El “Top 3” de las pérdidas regionales

El análisis financiero del estudio revela que el recaudo del impuesto al consumo se está drenando principalmente en:

• Antioquia: es, por amplio margen, el departamento más afectado en términos monetarios, con una pérdida estimada de $420.031 millones de pesos. Con una incidencia del 51%, uno de cada dos cigarrillos consumidos en la región es de contrabando.
• Valle del Cauca: a pesar de no estar en la zona de frontera, la región reporta una fuga de $92.994 millones de pesos, recursos vitales para la red hospitalaria y deportiva del departamento.
• Bolívar: con una de las incidencias más altas del país (71%), el departamento deja de percibir $90.077 millones de pesos.

En total, estas tres regiones suman una pérdida superior a los $603 mil millones de pesos anuales, lo que representa más de la mitad del total nacional perdido por este concepto en 2025 ($1,18 billones).

Diversos actores del sector han insistido en que el contrabando no es un delito menor. Tal como lo señaló Didier Tavera, Director Ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos (FND), este flagelo está intrínsecamente ligado a economías criminales, narcotráfico y lavado de activos.

“El aumento del contrabando y la escalada de violencia en las regiones no es una coincidencia“, advirtió Tavera. Los recursos que hoy terminan en manos de grupos armados ilegales son los que deberían estar financiando la educación y la salud de los colombianos.

Conciencia social vs. Realidad del bolsillo

El estudio de Invamer también arroja una conclusión reveladora sobre la disposición del consumidor frente al recaudo fiscal.

Al ser consultados sobre si estarían dispuestos a pagar más por una cajetilla, sabiendo que esos recursos se destinan a salud, recreación y deporte, la respuesta fue contundente: el 73% de los encuestados afirmó que no estaría dispuesto a pagar un incremento.

Esta cifra se mantiene en niveles críticos, pues solo el 27% manifestó una disposición positiva, el mismo dato registrado en 2024. Este estancamiento refleja que, ante la presión inflacionaria y la brecha de precios, el argumento social no es suficiente para frenar el avance del mercado ilegal si no se acompaña de una estrategia integral que ataque la oferta criminal.

Marcas ilegales como Rumba (12,8%) y Carnival (6,3%) siguen dominando el mercado ilícito, mientras que nuevas etiquetas como Cherokee comienzan a ganar terreno, amenazando con seguir desfinanciando a los departamentos en los próximos años, de no tomar acciones concretas para frenar este flagelo.

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