Cali, abril 27 de 2026. Actualizado: viernes, abril 24, 2026 23:08
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La recta final de la campaña para elegir al próximo presidente de la República es una oportunidad para plantear un debate de fondo sobre el futuro energético del país.
En este contexto, Celsia, a partir de propuestas de los gremios del sector priorizó siete ejes de acción que considera prioritarios para el nuevo gobierno de Colombia, con el argumento de que los desafíos actuales influyen directamente en la inversión, la sostenibilidad del sector y la confiabilidad y calidad del servicio para todos.
La primera propuesta parte de una alerta concreta. El país registró un déficit de energía firme de -1,6% en 2025 y enfrenta uno proyectado de -3,5% para 2027, incluso con la entrada de nuevos proyectos renovables.
Al mismo tiempo, el gas natural presenta un déficit estructural desde 2025, lo que agrava el panorama de abastecimiento.
Frente a esa situación, el sector propone la construcción acelerada de nuevas plantas de generación, incorporación de nuevas fuentes e importación de gas.
Sin redes de transmisión, ni subestaciones, no hay transición energética. Subestación Estambul 115 kV, una de las dos subestaciones digitales de Celsia en Palmira.
También plantea una nueva subasta de confiabilidad con reglas claras, estabilidad legal y regulatoria, así como la integración de almacenamiento y respuesta a la demanda.
La segunda propuesta se enfoca en la necesidad de fortalecer la confianza.
El sector advierte debilidad en la independencia y el rigor técnico de algunas instituciones, lo que afecta la calidad, coherencia y solidez de las decisiones regulatorias.
La inestabilidad en las reglas del sector, genera incertidumbre, disminuye la confianza y frena la inversión.
Como respuesta, se plantea mantener en la CREG comisionados con alta capacidad técnica e independencia para tomar decisiones basadas en criterios objetivos.
Además, se considera fundamental que los cambios en las reglas del sector sean razonables, progresivos y coherentes, evitando modificaciones abruptas que afecten la confianza.
A eso se suma la necesidad de fortalecer y respetar el rol de instituciones como la UPME y la Superservicios, recuperar la estabilidad regulatoria y construir una hoja de ruta energética de largo plazo que impulse la modernización del sector y brinde claridad a todos los actores.
La tercera propuesta apunta a destrabar procesos que hoy toman demasiado tiempo.
Según el diagnóstico presentado, las consultas previas avanzan muy lentamente, con una alta concentración en regiones como La Guajira.
A la vez, los trámites ambientales pueden prolongarse durante años por suspensiones, devoluciones y gestiones entre múltiples autoridades.
El almacenamiento acoplado a proyectos solares amplía la capacidad energética del país. Sistema de almacenamiento Solar de Celsia en Palmira.
Para corregir esa situación, el sector propone una ley estatutaria de consulta previa con plazos definidos y criterios claros.
También plantea un Registro Único de Pueblos con representatividad verificada, la regulación de los asesores de los procesos de consulta, líneas base ambientales regionales estandarizadas y la unificación de criterios entre las autoridades intervinientes dentro del proceso de evaluación socioambiental.
La cuarta propuesta se enfoca en un desfase que viene afectando la expansión del sistema. En los últimos cinco años se ejecutó menos del 28% de los proyectos de generación previstos.
Además, las líneas de transmisión presentan retrasos de hasta 13 años y las redes regionales de hasta 11 años.
A eso se suma que hay proyectos de generación renovable que no pueden conectarse por falta de líneas de transmisión, algo que el sector considera clave para una transición energética ordenada.
La salida propuesta consiste en priorizar proyectos críticos mediante la figura de proyectos de interés nacional y estratégico, PINES.
También se plantea sincronizar la expansión de red con los proyectos de generación, exigir garantías para evitar especulación en conexiones y fortalecer la capacidad técnica de la UPME.
La quinta propuesta se concentra en una región cuya situación, según el sector, ya afecta al sistema en su conjunto.
En la costa Caribe la tarifa en 2024 fue 17,9% más alta que el promedio nacional. Además, las pérdidas crecieron 186% entre 2021 y 2025 y hoy representan el doble del promedio del país.
A eso se suma que la empresa Air-e, intervenida desde septiembre de 2024, acumula deudas billonarias con el sector eléctrico.
La región representa casi un tercio de la demanda nacional y su crisis afecta la sostenibilidad del Sistema Eléctrico en su conjunto.
Celsia Solar Andalucía, una de las 25 granjas solares desarrolladas por Celsia en alianza con Cubico Colombia, a través de la plataforma de inversión C2Energía.
Ante ese escenario, se propone reducir pérdidas con inversiones y modernización, sanear financieramente a los operadores y asegurar el pago oportuno de subsidios.
También plantea mejorar la infraestructura de transmisión y distribución, e implementar un modelo diferenciado de supervisión y gestión regional.
La sexta propuesta advierte que el mercado actual no se ajusta a la integración de renovables, al almacenamiento ni a la electrificación del transporte, por lo que considera necesaria una actualización.
Además, subraya que un mercado moderno debe garantizar que la transición energética no aumente desigualdades ni afecte a los hogares más vulnerables.
Por eso, el sector plantea actualizar las reglas del mercado mayorista para integrar almacenamiento y flexibilidad, ajustar el Cargo por Confiabilidad para estimular nueva capacidad de respaldo, establecer una hoja de ruta clara y realista para la transición energética e impulsar la eficiencia energética y la autogeneración con reglas simples y transparentes.
La séptima propuesta se refiere a la falta de liquidez que enfrenta el sector. El riesgo se incrementa por la demora del Gobierno en el pago de los subsidios.
Con corte al 31 de marzo, la deuda acumulada al sector eléctrico superaba los $1,5 billones, correspondientes a tres trimestres del año anterior y lo corrido de 2026.
La solución planteada consiste en apropiar en el Presupuesto Nacional la totalidad de los recursos necesarios para cubrir los subsidios y garantizar su pago oportuno.
Además, el sector considera fundamental desarrollar esquemas de mejor focalización, de manera que la asignación de subsidios sea más precisa y reduzca la presión sobre el Presupuesto Nacional.
En conjunto, estas propuestas resumen las prioridades que el sector energético considera críticas para tener la energía suficiente para atender la demanda del país, recuperar la confianza regulatoria, destrabar proyectos, enfrentar la crisis de la costa Caribe, modernizar el mercado y contener el riesgo financiero derivado de los subsidios.
El mensaje de fondo es que se deben tomar decisiones de alcance estructural sobre un sector que hoy incide directamente en la economía, la inversión y la calidad de vida de los colombianos.
Fin de los artículos
Una publicación diaria del Nuevo Diario Occidente S.A. Fundado el 19 de noviembre de 1961
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