Los proyectos estratégicos del país enfrentan hoy un conjunto de desafíos regulatorios que amenazan su financiamiento, su avance y su confianza ante inversionistas nacionales e internacionales.

Así lo aseguró en el marco del Congreso Nacional de Infraestructura, el abogado Gabriel Sánchez, de la firma Posa Herrera Ruiz, al advertir que el primer gran obstáculo es la incertidumbre sobre la disponibilidad y cumplimiento de las vigencias futuras, la herramienta clave con la que el Estado garantiza pagos a largo plazo en obras como carreteras, puentes, túneles, APP y concesiones.

Según Sánchez, la falta de señales claras alrededor de estos compromisos “golpea la bancabilidad de los proyectos, la financiación y la confiabilidad del sistema”, al sembrar dudas entre los inversionistas que necesitan seguridad jurídica para desembolsos de largo plazo.

Un ecosistema APP sólido, pero que requiere señales claras

Sánchez destacó, sin embargo, que el modelo de Asociación Público-Privada (APP) —establecido tras la ley de 2015— es uno de los avances regulatorios más importantes del país.

Aseguró que el marco actual funciona bien y es estable: “Todos los jugadores involucrados conocen las reglas, las manejan y confían en ellas: bancos, financiadores, sponsors y constructores”.

El problema, insistió, no es la norma, sino la necesidad de que el Gobierno Nacional emita señales coherentes y estables que den tranquilidad al mercado.

“Las APP no requieren ajustes demasiado grandes. Lo importante es claridad para no erosionar la confianza que ya existe”, señaló.

Cuando la norma se convierte en negocio

El abogado también advirtió que los cuellos de botella ambientales y sociales siguen siendo de los puntos más sensibles en la ejecución de obras.

Si bien reconoce que son requisitos ineludibles y necesarios, alertó sobre la proliferación de actores oportunistas.

“Lo que debe evitar la regulación es que la consulta previa se convierta en un negocio donde personas sin una afectación real montan consejos comunitarios o procesos de consulta con fines económicos”, subrayó.

Esto, dijo, termina perjudicando tanto a los proyectos como a las verdaderas comunidades étnicas que sí requieren atención y garantías.

Las comunidades legítimas deben recibir “todas las compensaciones y todos los derechos”, pero sin que este mecanismo derive en bloqueos o en una industria paralela.

La estabilidad política, clave para atraer inversión internacional

Sánchez fue enfático en que la infraestructura nacional depende de inversionistas de largo plazo: fondos de pensiones, aseguradoras, instituciones financieras locales y jugadores extranjeros. Todos necesitan certidumbre jurídica y estabilidad política.

“Si no hay reglas claras, simplemente no van a invertir. Y sin ellos, no vamos a poder hacer las obras grandes que el país necesita”, afirmó.

Esto incluye confianza en la regulación, en el cumplimiento contractual del Estado y en la protección del ahorro ciudadano que se canaliza hacia infraestructura.

El rol del acompañamiento jurídico integral

El experto resaltó que los proyectos de infraestructura —especialmente APP y concesiones— requieren un acompañamiento jurídico fuerte desde el inicio.

“Son proyectos que se instrumentan en muchos contratos, que requieren cuidado en su estudio, negociación e implementación”, explicó.

El acompañamiento debe ser integral, pues abarca múltiples áreas: regulación, contratación pública, ambiental, financiera, social y litigios.

El error más común: asignar mal los riesgos del proyecto

Sánchez cerró con una advertencia crítica: muchos conflictos en infraestructura surgen por una incorrecta asignación de riesgos entre los actores.

Cuando el constructor cree que un riesgo no le corresponde, pero el concesionario sí, la obra está encaminada al conflicto.

“Las expectativas disímiles sobre quién asume qué riesgo son probablemente uno de los errores más comunes y más costosos”, señaló.

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