A pocos días de la jornada electoral del 21 de junio de 2026, diversas denuncias sobre presiones a los ciudadanos para participar en las votaciones y respaldar determinadas opciones políticas han encendido las alarmas de autoridades, organizaciones de derechos humanos y líderes regionales.

Uno de los casos más graves se registra en la subregión de La Cordillera, en Nariño, donde las disidencias de las Farc que operan a través del frente Franco Benavides, perteneciente al Estado Mayor Central, estarían imponiendo restricciones laborales y de movilidad para obligar a la población rural a acudir a las urnas.

En un audio difundido recientemente, un presunto cabecilla del grupo armado señala que desde el jueves previo a las elecciones se suspenderán ciertas actividades laborales para evitar que los habitantes argumenten falta de tiempo para votar.

En la misma grabación se advierte sobre posibles sanciones económicas para quienes no participen en la jornada electoral, una situación que líderes sociales consideran una forma de constreñimiento al elector y una vulneración de las libertades democráticas.

Las denuncias en Nariño no son nuevas. Organizaciones sociales han advertido durante los últimos procesos electorales sobre la influencia de estructuras armadas ilegales en zonas rurales, donde comunidades campesinas aseguran vivir bajo amenazas y presiones constantes.

Además, las autoridades investigan reportes sobre presunto constreñimiento laboral en varias empresas del departamento.

Alertas

Las alertas también se extienden a otras regiones.

En Huila, la exsenadora María Fernanda Cabal denunció que integrantes de las disidencias del bloque Jorge Suárez Briceño habrían citado a líderes comunales para impartir instrucciones relacionadas con las votaciones.

En Antioquia, un mensaje atribuido al frente 36 de las Farc habría exigido a los habitantes presentar el certificado electoral y condicionado la actividad política de determinados sectores.

Las denuncias reflejan un panorama preocupante para las garantías electorales y reavivan el debate sobre la influencia de grupos armados ilegales en la democracia colombiana.

Situaciones similares fueron denunciadas antes de la primera vuelta, cuando la excandidata Paloma Valencia aseguró que en el Cauca grupos armados ilegales estarían obligando a comunidades rurales a votar por el candidato Iván Cepeda.

Posterior a las votaciones un informe señaló cómo en mesas de algunas zonas de conflicto el candidato del Pacto Histórico obtuvo el 100% de los votos.

Habitantes de zonas rurales de Nariño, Huila y Antioquia han denunciado presiones, amenazas y restricciones impuestas por grupos armados ilegales en vísperas de la jornada electoral del 21 de junio de 2026.

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