La decisión de la Superintendencia de Sociedades de ordenar la apertura del proceso de liquidación judicial del Grupo La Cabaña encendió las alarmas en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca, donde miles de familias dependen directa e indirectamente de la actividad agroindustrial de la empresa.

Mediante dos Autos, la entidad ordenó la liquidación judicial de Ingenio La Cabaña S.A., Agroindustrias del Cauca S.A. y Alimentos Derivados de la Caña S.A., con sede en Guachené, Cauca.

La medida fue adoptada luego de que las propias compañías informaran la imposibilidad de continuar con el proceso de reorganización empresarial y de alcanzar un acuerdo con sus acreedores dentro de los plazos establecidos por la ley.

Según lo expuesto por las sociedades, la situación obedece a factores macroeconómicos, financieros y climáticos adversos, así como a la crisis que atraviesa el sector azucarero, las restricciones de liquidez y la falta de acceso a nuevos recursos de capital de trabajo.

Tras conocerse la decisión, el ingenio confirmó que será el agente interventor designado por la Superintendencia de Sociedades quien determine el futuro de las operaciones de la planta.

La empresa también solicitó que, en la medida de lo posible, se mantengan algunos contratos y vínculos laborales para reducir el impacto social en la región.

La preocupación se concentra en el empleo.

Con el cese de operaciones, están en riesgo 4.500 puestos de trabajo directos y 1.500 indirectos.

Además, más de 800 familias de pequeños productores de caña podrían verse afectadas al perder a uno de sus principales aliados comerciales.

El dirigente sindical Javier Viáfara, presidente de Sintraicañaazucol y representante de Sintraincabaña, advirtió sobre las consecuencias sociales que tendría el cierre definitivo de la empresa.

También señaló que podría desaparecer el Colegio Escuela Urbana Mixta El Naranjo y La Cabaña, institución creada por el ingenio que atiende a 120 niños y niñas de la comunidad.

La planta del Ingenio La Cabaña, en Guachené (Cauca), permanece paralizada mientras avanza el proceso de liquidación judicial ordenado por la Superintendencia de Sociedades.

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