Una negociación de paz nunca puede convertirse en una negociación contra el Estado. Esa es una diferencia que parece elemental, pero que durante los últimos años terminó difuminándose en Colombia.

Los gobiernos tienen la facultad de dialogar con organizaciones armadas cuando consideran que esa es una alternativa para poner fin a un conflicto.

Lo que no tienen es la legitimidad para permitir que, en nombre de la paz, se pongan sobre la mesa condiciones que debiliten la autoridad institucional o perjudiquen a quienes tienen la misión constitucional de defenderla.

Toda negociación implica concesiones. Es razonable discutir garantías de seguridad para las partes, mecanismos de verificación, aspectos logísticos o las condiciones necesarias para facilitar un acercamiento.

Sin embargo, existe una frontera que un Estado democrático jamás debería cruzar: aquella que compromete su capacidad de decisión o transmite la impresión de que quienes han actuado al margen de la ley pueden influir en la conformación o permanencia de las instituciones encargadas de combatirlos.

Por eso resulta profundamente preocupante que, durante los acercamientos con grupos armados ilegales, trascendieran versiones según las cuales se planteó la salida de determinados oficiales de la Fuerza Pública que habían liderado operaciones contra esas mismas estructuras criminales.

Más allá de la discusión sobre si semejante pretensión prosperó o fue rechazada, lo verdaderamente inquietante es que un asunto de esa naturaleza pudiera siquiera aparecer como tema de conversación.

Ese es el verdadero debate.

Negociar no significa aceptar cualquier condición. Mucho menos aquellas que afectan la autoridad del Estado o envían mensajes ambiguos a quienes diariamente arriesgan su vida para proteger a los colombianos.

La paz nunca puede construirse debilitando la institucionalidad ni generando la percepción de que quienes cumplen con su deber terminan convertidos en un obstáculo para alcanzar acuerdos.

Las organizaciones armadas ilegales naturalmente buscarán obtener ventajas en cualquier proceso de negociación.

Hace parte de su estrategia. Lo que diferencia a un Estado fuerte de uno débil no es la existencia de esas pretensiones, sino la firmeza con la que establece los límites de lo negociable.

La autoridad no puede depender de las exigencias de quienes han desconocido durante años el orden constitucional.

Los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Militares y de Policía desempeñan una de las funciones más complejas que existen dentro del servicio público.

Durante décadas han enfrentado organizaciones criminales, han sacrificado tiempo con sus familias y, en innumerables ocasiones, han puesto en riesgo su propia vida para proteger la de millones de colombianos.

Esa labor merece respaldo institucional permanente, especialmente cuando se ejerce dentro del marco de la Constitución, la ley y el respeto por los derechos humanos.

Cuando desde el Estado se envían señales que pueden interpretarse como una desvalorización de ese esfuerzo, el efecto trasciende el debate político. También impacta la moral institucional.

Ningún soldado o policía debería sentir que cumplir exitosamente su misión puede convertirse, más adelante, en un factor incómodo dentro de una negociación con aquellos a quienes combatió.

La historia demuestra que los procesos de paz más exitosos son aquellos en los que el Estado conserva intacta su autoridad.

Dialogar no significa renunciar al ejercicio legítimo de la fuerza ni poner en duda el compromiso de quienes garantizan la seguridad de los ciudadanos.

Al contrario, una institucionalidad fuerte constituye una condición indispensable para que cualquier acuerdo tenga credibilidad y sostenibilidad.

El nuevo gobierno ha anunciado un cambio en la política frente a las organizaciones armadas ilegales, privilegiando el fortalecimiento de la autoridad y el sometimiento a la justicia bajo condiciones definidas por el Estado.

Independientemente de las posiciones políticas de cada ciudadano, ese principio merece ser respaldado: las reglas de cualquier proceso deben ser fijadas por la institucionalidad, nunca por quienes han recurrido a la violencia para imponer sus intereses.

Colombia necesita recuperar la confianza en sus instituciones. Esa tarea comienza por reconocer el trabajo de quienes diariamente protegen la vida, la libertad y el orden democrático.

También exige enviar un mensaje claro de respaldo a los integrantes de la Fuerza Pública que cumplen su deber con profesionalismo, disciplina y apego a la legalidad.

La paz seguirá siendo un objetivo legítimo y necesario. Pero ninguna negociación puede construirse debilitando los pilares sobre los que descansa el Estado de derecho.

Existen principios que no admiten excepciones, porque renunciar a ellos significa poner en riesgo la legitimidad misma de las instituciones.

La autoridad del Estado no se negocia. El respeto por la Fuerza Pública tampoco.

Porque quienes durante años han servido a Colombia con sacrificio, disciplina y lealtad merecen reconocimiento y gratitud.

Nunca la incertidumbre de sentirse utilizados como una ficha más dentro de una negociación.

Los héroes no son moneda de cambio

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