El panorama de orden público y violencia a menos de siete semanas de las elecciones territoriales genera una gran preocupación sobre lo que pueda pasar con el proceso democrático.

¿El gobierno nacional está en condiciones de garantizar el derecho de los colombianos a elegir y ser elegidos en todo el territorio nacional?

Son muchas las señales preocupantes.

Hace pocas horas se conoció una carta enviada por la presidenta del Tribunal Superior de Buga, Consuelo Piedrahita Alzate, a los delegados de la Registraduría en el Valle del Cauca, en la que les informa que, ante la difícil situación de seguridad que atraviesan los jueces y empleados judiciales en Tuluá, debido a amenazas provenientes de grupos al margen de la ley, no se designarán comisiones escrutadoras y claveros para las elecciones del 29 de octubre.

Si lo anterior ocurre en una ciudad intermedia, ¿qué se puede esperar en zonas como el Cauca, donde hay municipios como Argelia y Jambaló, donde están suspendidas las clases por cuenta del acoso constante de las disidencias de las Farc? En al menos 90 localidades del país hubo partidos políticos que reportaron la imposibilidad de inscribir candidatos por cuenta de la intervención de actores ilegales.

Por eso, tiene razón el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, cuando hace un llamado al gobierno nacional, en especial al presidente Gustavo Petro, para que tome las medidas que permitan garantizar la normalidad en las elecciones en todo el país, así como el Estado, del que ahora es cabeza, garantizó el ejercicio democrático pleno en la jornada en la que él fue elegido.

Para ello, desde luego, el presidente debe permitir que la fuerza pública actúe contra los grupos criminales y tome el control territorial. Si no se hace esto, los actores ilegales terminarán por imponer a sus candidatos en muchas zonas del país.

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