El embajador de Colombia en Nicaragua, León Fredy Muñoz, fue llamado de urgencia a Bogotá por la Cancillería debido a su polémica participación en la marcha del sandinismo y a sus declaraciones favorables a la dictadura de Daniel Ortega durante el evento.

Si bien Muñoz ha argumentado que su participación en la actividad en cuestión se dio como parte del relacionamiento estratégico con el gobierno nicaragüense, preocupa que el representante de un país democrático se muestre y exprese tan cómodo con una dictadura.

El gobierno de Colombia no debe caer en el error de validar tiranías, pues no puede volverse cómplice de regímenes que desconocen los Derechos Humanos, persiguen a la posición y violan las libertades políticas, y, además, porque debe dar tranquilidad absoluta a los colombianos frente a la continuidad del sistema democrático.

Un embajador que representa a un gobierno democrático, que se supone se basa en principios como el respeto a los Derechos Humanos, la libertad de expresión y la participación ciudadana, contradice esos valores cuando da declaraciones que favorecen a un régimen totalitario.

Esto aplica para Cuba, Nicaragua y Venezuela. Miguel Díaz-Canel, Daniel Ortega y Nicolás Maduro, aunque sean de izquierda, son sátrapas y el gobierno de Colombia, aunque tenga afinidad ideológica con ellos, debe tomar distancia en materia política.

Colombia debe manejar las relaciones con estos tres países con sumo cuidado, marcando distancia frente a sus abusos y condenándolos y, contrario a brindar respaldos que permitan la perpetuidad de los tiranos, debe, junto a la comunidad internacional, abogar por caminos pacíficos que conduzcan a la realización de elecciones libres.

Al respaldar a un régimen dictatorial, se socava la credibilidad y la coherencia de la democracia, y se debilita la posición moral del gobierno y su capacidad para promover la paz, la justicia y la igualdad.

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