En la catarata de noticias que es Colombia, donde un hecho grave es reemplazado por otro igual o peor, se corre el riesgo de que la crisis ocasionada por la caída del puente El Alambrado, que ocurrió hace ya más de una semana, quede en el olvido y se normalicen los dañinos efectos de la falta de este paso sobre el río La Vieja.

Los antecedentes en la materia no son los mejores. Prueba de ello es que desde el 28 de octubre del año pasado fue cerrado otro puente que comunica a los departamentos de Quindío y Valle del Cauca, afectado por una creciente del río Barragán, y sólo hasta el 14 de abril, casi seis meses después, comenzaron las obras de reparación.

En ese sentido, preocupa que la solución para el puente sobre el río La Vieja sea igual de demorada, pues el impacto sobre la economía, no sólo de los dos departamentos que unía esta estructura, sino de buena parte del país, ya es evidente.

Las rutas alternas que deben tomar los vehículos que transitaban por la vía Calarcá – La Paila implican un aumento del 15% en el consumo de combustible, costo que es trasladado al precio final de los productos, lo que se constituye en un factor más de inflación para los colombianos, pues a través de esta carretera se moviliza la carga que entra por Buenaventura con destino al centro del país, así como la producción que el Valle del Cauca provee al interior del país y viceversa.

Por lo anterior, además de priorizar la instalación de un puente provisional y avanzar en la construcción de uno nuevo, la coyuntura debe ser aprovechada para construir por fin la doble calzada entre La Paila y Armenia, y mientras estas soluciones llegan es necesario adoptar una serie de medidas, como alivios y subsidios que eviten la quiebra de los sectores afectados por la caída del puente.

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