El presidente Gustavo Petro solicitó al Congreso de la República 26 facultades especiales, que van desde temas relacionados con la paz y la reforma a la salud, hasta la economía, los cultivos ilícitos y los subsidios.

En resumen, las facultades especiales le permiten al presidente tomar decisiones excepcionales, acelerar procesos de contratación y adquisición de bienes y servicios, modificar el presupuesto nacional, y tomar otras medidas sin necesidad de someter tales decisiones al Congreso de la República.

Estas facultades se entregan en caso de guerra exterior, de conmoción interior (si hay una grave alteración del orden público que ponga en peligro la estabilidad institucional) y en caso de emergencia económica, social o ecológica.

Por eso se ha discutido tanto sobre las facultades especiales solicitadas por el presidente Petro, pues realmente no se ajustan a situaciones excepcionales, y otorgarle tantas atribuciones a un jefe de Estado representa una concentración de poder que rompe la balanza de pesos y contrapesos que sostiene la institucionalidad democrática colombiana.

Las facultades no se pueden volver la norma para saltarse los procesos democráticos, por eso se conceden en casos excepcionales, y así debe seguir siendo.

Los congresistas, y muy especialmente los que hacen parte de la coalición de gobierno, no pueden caer en el error de renunciar a sus atribuciones sólo por congraciarse con el jefe de Estado, pues envían un peligroso mensaje que valida un estilo peligroso y errado en el que los trámites que se realizan en los cuerpos colegiados son considerados un “estorbo” para gobernar.

Lo mejor que puede hacer el Congreso es mantener su facultad de aprobar o hundir proyectos, según la conveniencia para el país, es una garantía democrática.

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