El aumento de hechos de violencia a lo largo y ancho del país por cuenta de grupos armados ilegales requiere un compromiso claro por parte de los candidatos presidenciales con la seguridad.

Las disidencias de las Farc, el ELN, las “Águilas negras” y todas las demás agrupaciones criminales que siembran terror en Colombia tienen una sola razón de ser, el narcotráfico, y, en ese sentido, combatirlas debe ser una prioridad para el gobierno nacional, pues en este negocio está la génesis no sólo de los problemas de seguridad y orden público de las zonas rurales, sino también de los centros urbanos.

Al actual gobierno le quedan poco más de cuatro meses, en los que debe arreciar la ofensiva contra estas agrupaciones criminales, pero es claro que no es tiempo suficiente para tal misión, por lo que será al nuevo presidente de la República a quien le corresponderá implementar estrategias contra este flagelo.

En Arauca, el Catatumbo, el Cauca, Putumayo, la costa de Nariño y Chocó, por citar los casos más críticos, hay vastas zonas tomadas por estas organizaciones criminales, convertidas en imperios del narcotráfico, donde los civiles son instrumentalizados para fines ilícitos. Allí debe llegar el Estado para recobrar el control territorial y garantizar los derechos de la población, y quebrarle el espinazo al negocio con el que se financia la mayor parte de la actividad criminal del país.

Aquí no pueden caber justificaciones ideológicas que traten de darles estatus político a organizaciones que no lo tienen, pues hechos como el atentado con explosivos perpetrado por las disidencias de las Farc en la última semana en Bogotá, que dejó dos niños muertos, demuestran la peligrosidad del enemigo común al que el Estado debe derrotar para evitar más acciones demenciales. ¿Qué proponen los candidatos en materia de seguridad?

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