La tardía liquidación de la EPS Coomeva requiere con urgencia una vigilancia especial y con lupa por parte de la Superintendencia de Salud, que permita conocer en detalle y solucionar efectivamente, los traumatismos y las barreras que se puedan generar al 1.169.172 afiliados que fueron traslados a las 14 EPS receptoras; pues es claro, que la mera liquidación no resuelve las necesidades y problemáticas de los pacientes, y por el contrario, de no estar pendientes, se puede profundizar la grave situación que desde hace años ya vienen sufriendo los pacientes. Este control debe ser puntual y drástico, para garantizar como debe ser, que la atención a los pacientes sea con eficiencia, calidad y oportunidad.

El malestar y las quejas de los pacientes trasladados no se han hecho esperar, pues muchos están denunciando que las EPS receptoras, no están atendiendo los requerimientos pese a su delicado estado de salud; de tal suerte, que el riesgo para sus vidas se puede tornar inminente; a los pacientes con enfermedades de alto riesgo y cuidado, que requieren continuidad ininterrumpida de sus tratamientos o procedimientos vitales, los están obligando a iniciar tramites desde cero; es decir, cita con médico general para que ordene valoración del especialista, reinicio de historias clínicas, largas filas desde tempranas horas para estos fines, etc.

De tal suerte, que el calvario sufrido en la liquidada EPS, persiste en las otras. No es justo, que estos pacientes sigan padeciendo la desatención y el maltrato; la Supersalud tiene suficientes potestades para evitar que esto pase y sancionar drásticamente a las entidades que incurren en tan inhumanas conductas; en este tránsito está en la obligación de constituir una comisión accidental del más alto nivel que haga seguimiento riguroso que garantice la atención adecuada para los pacientes. No hacerlo, la pone en el incumplimiento de sus obligaciones legales y constitucionales.

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