Parecería a primera vista interesante una propuesta de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, que pide que en las ciudades que tengan una mayor productividad sus habitantes puedan acceder a un salario mínimo legal superior a quienes viven en territorios que presenten índices bajos de producción y de desarrollo.

Cree este gremio que es injusto que se pague el mismo mínimo legal en las grandes ciudades del país que en los municipios que no tienen altas condiciones de desarrollo económico, porque poco aportan al PIB por su propia posición geográfica y competitividad.

Después de analizar esta postura, no lo creo así. Lo que sí pienso, es que sería absurdo que, por estar ubicados en una localidad de bajos niveles de productividad, sus pobladores reciban un menor ingreso cuando en esos territorios los índices de precios al consumidor pueden ser iguales y hasta superiores por vivir en una región alejada de los centros productivos; en los sectores más aislados de los cascos urbanos la logística del transporte encarece los precios al consumidor final.

Es factible que esta sea una idea buena para los economistas por razones de econometría financiera, pero definitivamente no es, en mi opinión, una medida adecuada para la gran mayoría de los colombianos que viven en centros poblados y en municipios aislados de la gran producción industrial.

Sobretodo, porque con más de 21 millones de pobres, lo que tenemos es desigualdad y falta de oportunidades, y la aplicación de una propuesta de esta índole no contribuiría a cerrar las brechas sociales y económicas, que es en lo que debe avanzarse en Colombia.

ANIF también propone la reducción de cotizaciones en salud con progresividad, empezando por los jóvenes y las mujeres y, de la misma manera, sugiere la cotización por horas. Estas iniciativas pueden servir para recuperar el empleo en el corto plazo, pero pienso que irían en detrimento de la calidad de vida de los trabajadores, puesto que cotizar menos implica tener menores beneficios en la seguridad social y, además, en últimas representarían menores ingresos para una población que necesita mayores y mejores condiciones salariales.

Siempre he creído que lo que sí sería importante para el país es que las empresas que puedan pagar un salario superior al mínimo, pueden establecer, como en efecto ya se hace, en algunas organizaciones empresariales, una escala salarial en donde su salario mínimo es más alto que el legal y, a partir de allí, estructuran una “escalera salarial” de acuerdo a los perfiles, tiempo de servicio y desempeñó laboral para estimular y motivar con fundamento en logros laborales y académicos en forma constante a sus colaboradores.

El salario mínimo legal debe compensar los gastos básicos de una familia, mitigando el impacto de la inflación y dignificando a la sociedad entera para convertirse en un factor para la unidad nacional.

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