Prevención a través de la generación de oportunidades en las tierras de origen, trabajo coordinado entre municipios vecinos y asignación de más recursos por parte del Gobierno Nacional, fueron los tres planteamientos básicos que el alcalde de Cali, Rodrigo Guerrero Velasco, hizo dentro del análisis que se realiza en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali sobre la estrategia de implementación de la Ley de Víctimas, normatividad que cobija a la población afectada por el conflicto armado.

Así lo señaló el mandatario durante la IV Asamblea Nacional de Personeros, que se está llevando a cabo en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, este jueves y viernes, 12 y 13 de julio.

“Como Municipio tenemos claras nuestras responsabilidades y vamos a hacer lo mejor posible por cumplirlas, pero no lo vamos a poder hacer solos. Temas como las estrategias y los recursos para la asistencia humanitaria de urgencia o inmediata, son críticos para una ciudad como Cali y estamos invitando al gobierno nacional a construir un acuerdo de cooperación sobre el tema.

Estamos demandado un esfuerzo de coordinación con autoridades regionales para prevenir y atender el desplazamiento en los lugares de origen para que la única alternativa de las víctimas no siga siendo desplazarse hacia a Cali”, señaló el Alcalde.

Durante su intervención, Guerrero Velasco recordó el gran arraigo que tienen los campesinos por su tierra y la importancia de invertir en estas comunidades para que tengan oportunidades en sus lugares de origen.

“Con esta propuesta buscamos liderar un proceso de remisión y contra remisión de responsabilidad que involucre a todos los municipios expulsores y receptores en el proceso de restablecimiento socioeconómico de las víctimas del conflicto”, explicó el mandatario caleño. El Alcalde recordó que en Cali ya están registradas 82.000 personas en situación de desplazamiento que equivale a un poco más de 23.000 hogares. Anotó que en lo que va corrido de este año hasta la fecha han llegado alrededor de 4.000 más.

“La gran paradoja es que a Cali se le pide que asuma con sus limitados recursos y crecientes necesidades sociales, la atención a víctimas procedentes principalmente del suroccidente del país y, en especial, del Litoral Pacífico, las cuales no solo afrontan el flagelo del conflicto armado interno, sino el flagelo de la pobreza y el abandono histórico al que han estado sometidas.

Comprendemos y respetados sus derechos y aún en medio de restricciones, Cali es una alternativa que brinda mayores oportunidades sociales en comparación con sus lugares de origen”, señaló el mandatario.

Por eso mismo, afirmó Guerrero Velasco, la ciudad requiere que la corresponsabilidad, concurrencia y subsidiaridad del Gobierno Nacional sea mayor y más específica, no solo para evitar que el desplazamiento de población en situación de pobreza extrema termine generando una tensión y afectación social cada vez mayor, tanto a residentes y migrantes, sino también para prevenir que estos fenómenos persistan y se recrudezcan en sus zonas de origen.

“No solo se necesita afianzar la presencia y el control del Estado, sino también una estrategia innovadora de desarrollo regional que incluya a los habitantes de las zonas rurales más marginadas en un aprovechamiento legal y sostenible de su biodiversidad, de lo contrario seguirá siendo la ilegalidad la que mayor provecho le sacara a esta gran potencial”, agregó el Alcalde de los caleños.

Señaló, además, que el compromiso social y con la paz del gobierno actual, está contenido en el Plan de Desarrollo 2012-2015 ‘CaliDA una ciudad para todos’. En el documento, existe una apuesta decidida por la inclusión y por la atención integral a las víctimas del conflicto armado interno. Este aspecto se ve reflejado en el componente 2.6 del Plan que, a su vez, contiene dos programas y nueve metas que dan cuenta de un enfoque pertinente de las distintas competencias que la Ley de Víctimas le asigna al ente municipal.

“No puedo dejar de proponer que tanto en los municipios con mayor nivel de expulsión de población por causa del conflicto armado, como en los municipios con mayor nivel de recepción de esta población, el Gobierno Nacional fortalezca el personal de toma de declaraciones, pues es evidente y crónica la deficiencia de este recurso, lo cual no solo afecta a las víctimas del conflicto como tal, sino también al resto de la población que demanda del apoyo del Ministerio Público”, puntualizó Guerrero Velasco.

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