La minería ilegal en los Farallones motivó la articulación entre la Alcaldía de Cali, la Gobernación del Valle y el Ministerio de Ambiente, que anunciaron un nuevo plan de acción en el corregimiento La Leonera.

La decisión surge tras denuncias de la comunidad sobre posibles actividades extractivas en la zona.

Las autoridades buscan fortalecer el control en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali.

En ese contexto, las entidades definieron medidas inmediatas y estrategias a mediano plazo. El objetivo central consiste en contener el avance de la minería ilegal en los Farallones.

Además, el plan contempla acciones coordinadas entre fuerza pública, autoridades ambientales y entidades territoriales. Estas buscan garantizar presencia institucional constante.

Refuerzo de controles y presencia institucional

Como primera medida, las autoridades instalarán un puesto de control del Ejército en La Leonera. Este nuevo punto se suma a los dos que mantiene la Policía en los accesos.

De esta manera, se incrementa la vigilancia en las rutas de ingreso al parque. La estrategia apunta a restringir actividades relacionadas con la minería ilegal en los Farallones.

Asimismo, la ministra de Ambiente, Irene Vélez, informó que existirá presencia permanente de las autoridades durante los próximos dos meses. En ese tiempo se ejecutará un plan de choque.

Este periodo permitirá avanzar en procesos de fiscalización y control. Además, se mantendrá una coordinación entre las entidades involucradas en la estrategia.

Por su parte, la Policía Nacional continuará con patrullajes y controles las 24 horas. Estas acciones incluyen labores preventivas en la zona alta del parque.

En paralelo, las autoridades adelantan una línea investigativa. Esta busca identificar y capturar a quienes promueven la minería ilegal en los Farallones mediante redes organizadas.

El secretario de Seguridad de Cali confirmó que se verifican denuncias sobre una posible nueva bocamina en La Leonera. Este proceso hace parte de las acciones de seguimiento.

Según el balance entregado, los operativos previos permitieron cerrar 12 bocaminas y cerca de 40 socavones. Estas intervenciones buscan evitar la reactivación de explotaciones ilegales.

Tecnología, restauración y participación comunitaria

El plan también incorpora herramientas tecnológicas para mejorar el monitoreo del territorio. Estas facilitarán la detección de actividades ilegales en tiempo real.

Además, se contemplan inversiones en infraestructura para fortalecer el control ambiental. Las autoridades incluyen medidas orientadas a la sostenibilidad.

Entre ellas, se encuentra la profundización de pagos por servicios ambientales. Esta estrategia busca involucrar a las comunidades en la protección del ecosistema.

Igualmente, el plan incluye proyectos de restauración ecológica en zonas afectadas. Estas acciones apuntan a recuperar áreas impactadas por la minería ilegal en los Farallones.

Las medidas se definieron en el marco del Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y otros Crímenes Ambientales (CONALDEF). Este espacio permitió coordinar la respuesta institucional.

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