Alrededor de tres mil millones de pesos adeudan los caleños por sancionatorios ambientales.

“La gran mayoría de los procesos se derivan de vertimientos de sustancias contaminantes a los cuerpos de agua superficial y al sistema de alcantarillado público, ocupación de franjas de protección, disposición inadecuada de residuos sólidos y residuos de demolición y construcción, tráfico y tenencia ilegal de fauna silvestre, transporte y comercialización de productos forestales sin salvoconducto, talas y podas no autorizadas”, enfatizó la directora del Dagma.

El área jurídica del Dagma identificó 2.032 procesos sancionatorios vigentes, de los cuales 174 ya han sido culminados y se han proyectado 63 actos administrativos que contienen sanciones por infringir normas ambientales en materia de recurso hídrico, residuos sólidos, flora y fauna silvestre.

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