Las asonadas registradas en Bogotá y los departamentos de Tolima y Quindiío, donde varios locales comerciales fueron saqueados, plantean un gran interrogante sobre la facilidad con la que en nuestro país se pueden registrar este tipo de conductas colectivas.

Si bien podría creerse que se trató de una reacción ciudadana contra las Farc, pues los primeros locales comerciales en los que se produjeron los saqueos fueron aquellos que, según la Fiscalía, pertenecen a la guerrilla, lo cual no justifica lo hechos, otros establecimientos vecinos también fueron atacados por turbas que arrasaron con todo cuanto pudieron.

El año pasado, durante las manifestaciones del paro de Buenaventura, varios locales comerciales, entre ellos un supermercado de La 14, fueron saqueados y casi destruidos por una muchedumbre que aprovechó la situación para robar.

Esto, claramente, no es un indicador de lucha de clases ni de pobreza, como algunos podrían pensarlo en un principio, claramente es el aprovechamiento de situaciones de tensión para propiciar el caos con algún interés, con alguna finalidad perversa.

Lo grave es que más allá de capturas puntuales, no se establece quién ni mucho menos por qué promovió estos hechos.

Además de las pérdidas que le generan al comercio, este tipo de disturbios se convierten en precedentes muy peligrosos que pueden motivar acciones similares.

Estamos a escasas dos semanas de las elecciones legislativas del 11 de marzo, día en el que se realizarán también dos consultas interpartidistas, y a dos meses de las elecciones presidenciales, lo que hace aún más peligrosas las asonadas, pues el clima, a medida que se acerca el momento de las votaciones, es cada vez más tenso. Por eso es inevitable preguntar si a algún grupo político o a algún candidato le pueden favorecer este tipo de hechos.

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