Las nuevas órdenes de captura expedidas contra los cabecillas del ELN plantean un giro en la posición del Estado frente a la guerrilla. El paro armado, recientes asesinatos y el reclutamiento de 45 menores de edad motivaron este cambio en la postura de las autoridades, que hasta hace poco le daban un evidente trato preferencial a este grupo armado ilegal.

La gran pregunta es si esas órdenes de captura serán, como tantas otras expedidas contra los cabecillas del ELN y en su momento de las Farc, un simple simbolismo de la ilegalidad de estas organizaciones o si, por el contrario, marcan el inicio de una persecución sin descanso por parte de las Fuerzas Militares y todos los órganos de seguridad del Estado para hacerlas efectivas.

El papel del Estado frente al paro armado del ELN dejó mucho qué pensar, pues las zonas en las que la guerrilla adelantaría su arremetida terrorista estaban cantadas y, a pesar de ello, no hubo un despliegue militar suficiente para impedirlo, tanto así que en la vía a Buenaventura la guerrilla incineró dos vehículos de carga.

Claramente desde el cese al fuego con las Farc, hace ya año y medio, se limitó el accionar de las Fuerzas Militares, lo que el ELN supo capitalizar. Lo preocupante es que ahora que esta guerrilla está a la ofensiva, el Gobierno Nacional y las autoridades en general han endurecido su lenguaje frente al grupo armado ilegal, pero lo que dicen no se traduce en acciones para neutralizar a la guerrilla.

Así como no se debe renunciar a la búsqueda de una salida negociada con el ELN, el Estado tampoco puede renunciar al ejercicio de la autoridad ni a la defensa de la población civil, lo uno no tiene porqué excluir lo otro.

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