Buena parte del Pacífico y del sur del país está a merced de los bandidos.

Que las autoridades nacionales hayan tardado una semana para confirmar que en Magüí Payán, en el departamento de Nariño, se presentó una masacre de trece personas, demuestra el abandono en el que el centralismo bogotano tiene sumido al Pacífico.

Más allá del trabajo de la Defensoría del Pueblo, que llega a verificar las denuncias de la comunidad, la presencia del Estado central no se ve en los municipios de la periferia, tal parece que los problemas que no representan una amenaza directa para Bogotá y las grandes capitales del país, son problemas que no existen.

Un año después de la firma del acuerdo entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Farc, buena parte de la región Pacífico continúa bajo el control de grupos armados ilegales, ya sea el ELN, nuevas bandas criminales o disidencias de las mismas Farc, que ante la precaria o nula presencia de las fuerzas del Estado, se disputan el control de bastas zonas que, además de estar llenas de coca y de minerales, son el corredor para sacar droga al mar.

Mientras estos territorios sigan a merced de los bandidos, la paz estable y duradera prometida por el presidente Santos seguirá siendo un anhelo lejano, pues en los municipios apartados continuará rigiendo la ley del más fuerte, estas organizaciones seguirán acrecentando su poder económico y los habitantes de estas zonas seguirán migrando hacia las ciudades, huyendo del conflicto.

El temor del Estado a romper la tregua no lo puede llevar a convertirse en un espectador de las matanzas que cometen quienes aprovechan el cese al fuego para hacer de las suyas.

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