Solo actuando con independencia, los elegidos para aplicar la justicia transicional demostrarán su idoneidad para ello.

La polémica ha rodeado la Jurisdicción Especial de Paz desde que se empezó a hablar del tema en la mesa de negociaciones de La Habana; los cuestionamientos han girado en torno a dos aspectos: el primero, el malestar que genera saber que los cabecillas de las Farc, responsables de crímenes atroces, no pagarán ni un solo día de cárcel, y, el segundo, las dudas expresadas por sectores de oposición que advierten la inminente instrumentalización de este sistema judicial alternativo para perseguir a los detractores del acuerdo suscrito entre el Gobierno y la guerrilla.

La Jurisdicción Especial de Paz es uno de los sapos más grandes del acuerdo de paz, por eso no es fácil de digerir, y ahora que se conocieron los nombres de los magistrados que la aplicarán, la polémica revivió.

Al revisar nombres, hojas de vida y orígenes de los magistrados elegidos se encuentra una amplia representación étnica y territorial, y además reconocidas trayectorias, pero hay un componente que inquieta: el ideológico, pues se requiere que quienes administren esta justicia especial tengan el suficiente equilibrio para manejarla con independencia.

Allí está el gran reto de los magistrados de la JEP, en mantener la ecuanimidad, independientemente del punto en el que se ubiquen en el espectro ideológico, pues ya que los cabecillas de las Farc no recibirán el castigo que merecen a la luz de la justicia ordinaria, como gran parte del país lo quisiera, es necesario que al menos los componentes de verdad y reparación sí se cumplan.

En ese sentido, los magistrados de la JEP no pueden convertirse en notarios de la versión de las Farc, sino que deben llegar al fondo de cada caso y garantizar que sean los victimarios y no el Estado quienes reparen a las víctimas.

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