Es vulgar la forma en la que el Gobierno trata que los colombianos no decidan sobre el acuerdo con las Farc.

Está en manos de la Corte Constitucional impedir que el Gobierno Nacional y el Congreso de la República refrenden el nuevo acuerdo con las Farc de espaldas a los colombianos.

El alto tribunal, que al dar su visto bueno al acto legislativo para la paz, aprobó el plebiscito como mecanismo de refrendación, debe condicionar la implementación del nuevo acuerdo a que sea aprobado en una consulta popular.

Si bien, el Presidente de la República no estaba obligado a someter el acuerdo con las Farc a ningún tipo de refrendación, voluntariamente creo unas reglas del juego, con el apoyo del Congreso, que se deben respetar.

Envían un pésimo mensaje el Gobierno y sus aliados al tratar de aplicar las normas a su conveniencia, es claro que  se está tratando a toda costa de evitar que los colombianos se pronuncien en las urnas sobre el nuevo acuerdo, por temor a que éste también sea rechazado, pues en la renegociación no se incluyeron las modificaciones más importantes solicitadas por los promotores del No.

Presentar la refrendación del nuevo acuerdo con las Farc a través del Congreso de la República como una refrendación popular indirecta es una jugada sucia que prueba que entre Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro no hay mucha diferencia, su estilo de gobernar se basa en el acomodo de las instituciones y la normatividad a su conveniencia.

El Congreso está atollado de mermelada, por lo tanto no tiene la independencia para defender el interés general, pues la mayoría de los legisladores hará lo que el Gobierno mande. Solo un acuerdo que sea aprobado por la mayoría en las urnas servirá para lograr la unidad, pero eso no será posible mientras lo que se pacte satisfaga solo al Gobierno y a la guerrilla, y no al pueblo.

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