El largo y complejo proceso emprendido al interior del HUV es necesario para salvarlo.

Una situación crítica, como la del Hospital Universitario del Valle, HUV, requiere medidas de fondo para ser superada o, de lo contrario, es imposible salir de ella. En ese sentido, la decisión de eliminar definitivamente 400 cargos que estaban vacantes, es necesaria para solventar financieramente a la institución, que ingresó a la Ley 550 como medida de salvamento.

Y es que años y años de desorden permitieron que en el HUV se prestaran servicios sin que se cobraran, por lo menos no oficialmente (a comienzos de año se encontraron facturas sin cobrar por más de $10 mil millones, correspondientes a  vigencias anteriores), y que se contratara personal que no se necesitaba, lo que llevó al centro asistencial a perder en promedio $6.000 millones mensuales.

Contrario a lo que algunos políticos han dicho, al señalar el ingreso del HUV a la Ley 550 como su final, lo que representa esta decisión es la oportunidad de recuperarlo, pues en adelante las decisiones que se tomen al interior del hospital deberán estar enmarcadas en el principio de austeridad; con deudas por $286 mil millones, la entidad no tiene otra salida.

Desde que se organizó el proceso de facturación, los ingresos del HUV pasaron de $11.000 millones mensuales a $14.000 millones, lo que indica que el camino emprendido es el correcto si se quiere mantener con vida este centro asistencial, que es el más grande del sector público en todo el suroccidente colombiano.

Lo más importante es que el hospital está funcionando y seguirá funcionando, esa debe seguir siendo la prioridad.

En medio de estos anuncios, queda una gran pregunta: ¿quién va a responder por lo que pasó en el Hospital Universitario del Valle? Detrás del detrimento patrimonial del HUV debe haber incrementos patrimoniales irregulares, esa parte de la historia se debe aclarar.

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