Cali, junio 26 de 2026. Actualizado: viernes, junio 26, 2026 22:23
Las revelaciones sobre una presunta negociación del gobierno del presidente Gustavo Petro con el Clan del Golfo, en la que se habría planteado “congelar” las operaciones de la Fuerza Pública contra esa organización criminal, continúan generando reacciones.
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y el alcalde de Cali, Alejandro Eder, expresaron su preocupación y solicitaron que los hechos sean investigados.
La mandataria departamental manifestó que, de confirmarse la información conocida, se explicaría en parte por qué las entidades territoriales tuvieron que asumir mayores esfuerzos para enfrentar el avance de las organizaciones criminales, mientras, según dijo, el respaldo del Gobierno nacional resultó insuficiente.
Dilian Francisca Toro afirmó que el departamento realizó inversiones para fortalecer las capacidades de la Fuerza Pública mediante la tasa de seguridad, con el propósito de mejorar la respuesta frente a las organizaciones criminales.
“Nosotros estábamos pagando, mediante la tasa de seguridad, capacidades para fortalecer a los miembros de la Fuerza Pública y poder responder a las acciones de las organizaciones criminales y, sin embargo, al parecer, el Gobierno nacional como que los tenía congelados y, por eso, hubo muchas víctimas no solamente en el Valle, sino en el país“, señaló la gobernadora.
En el mismo sentido se pronunció el secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle, Guillermo Londoño, quien aseguró que mientras se habrían producido esos acercamientos con el Clan del Golfo, soldados y policías continuaban enfrentando a las estructuras criminales.
“Mientras el Gobierno nacional jugaba a los congelados con el Clan del Golfo, vidas de soldados y policías fueron sacrificadas en defensa de la seguridad y la tranquilidad de todos los colombianos“, manifestó el funcionario.
Londoño sostuvo que es necesario que las autoridades establezcan si realmente existieron órdenes para suspender operaciones militares contra esa organización, la cual, según indicó, fortaleció su presencia en Colombia durante los últimos cuatro años, al igual que las disidencias de las Farc.
El secretario agregó que las entidades territoriales enfrentaron prácticamente solas la amenaza del terrorismo y expresó su expectativa de que las investigaciones permitan esclarecer lo ocurrido.
Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, afirmó que las revelaciones conocidas evidenciarían un debilitamiento de la autoridad del Estado frente a las organizaciones criminales.
“Vimos que mientras se hacían estas concesiones, estallaban bombas en Cali. Tuvimos el año con más ataques terroristas en los últimos 20 años. Además, explica también la disminución tan importante del presupuesto de seguridad nacional, que yo vengo denunciando desde el 2025, una reducción del 30%. Cuando uno ve este informe, pues uno empieza a ver que todo estaba aparentemente acordado con unos delincuentes de talla mayor“, expresó.
El mandatario caleño sostuvo que la prioridad del próximo Gobierno deberá ser fortalecer y empoderar a la Fuerza Pública para enfrentar a las organizaciones narcoterroristas.
Tanto la gobernadora Dilian Francisca Toro como el alcalde Alejandro Eder coincidieron en hacer un llamado al nuevo Gobierno nacional para fortalecer de manera inmediata las capacidades de la Fuerza Pública y recuperar la autoridad y el control territorial frente a las organizaciones criminales que operan en distintas regiones del país.
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