La Corte Suprema de Justicia emitió orden de captura al ex gobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía luego de un proceso de investigación de varios años.

La orden fue emitida el martes en la noche y para este miércoles se programó la lectura de su sentencia.

Abadía fue hallado culpable por el presunto delito de corrupción en un contrato cuando era gobernador del Valle y fue condenado a más de 21 años de prisión.

Según informó la revista Semana, el abogado de Abadía, Alejandro Felipe Sánchez, ya presentó una solicitud de detención domiciliaria.

De no ser resuelta esta solicitud, el exmandatario vallecaucano irá a una prisión.

Como se recordará, en el año 2017 el Fiscal Noveno Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, presentó escrito de acusación por los presuntos delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales.

Así mismo, en noviembre del 2023, la corte profirió el sentido del fallo condenatorio al demostrarse que el exmandatario departamental incurrió en estos delitos, luego de firmar un millonario contrato que tenía por objeto el suministro de recursos bibliográficos a más de 40 bibliotecas en diez municipios del Valle del Cauca.

Sin embargo, en esa fecha, el Alto Tribunal advirtió que solo hasta la siguiente diligencia se conocería la pena que debería cumplir.

Se conoció que dicho contrato tenía un valor de 1.072 millones de pesos, pero se se habría presentado un sobrecosto y, según los testimonios recolectados por la Corte, esos recursos fueron obtenidos por un valor cercano a los 200 millones de pesos.

En el fallo se indica que “expuso que conforme a las evidencias recolectadas, elaboró un informe en el que estableció que los textos escolares fueron adquiridos por el valor real de $182.517.600.00, existiendo una diferencia entre el monto de los recursos aportados por el departamento del Valle del Cauca mil millones de pesos y el valor facturado a José Antonio Rodríguez, de $814.482.400.00”.

La Fiscalía delegada ante ese tribunal afirmó que el exgobernador tenía pleno conocimiento de que el contrato tenía vicios de procedimiento e, igualmente, decidió firmar el acuerdo interadministrativo pese a las consecuencias que eso podría acarrear.

Dicho contrato lo suscribió en enero de 2010, cuando era gobernador y, con la firma del entonces secretario de educación del departamento, Eiber Navarro.

Aunque se presentaron varios oferentes, la Fiscalía encontró que los exfuncionarios favorecieron a la firma que no contaba con la experiencia, y se presentó una subcontratación para adquirir los libros.

Ante esta situación a Abadía se le impuso la pena de 259 meses 15 días de prisión, es decir mas de 21 años, una multa de más de $817 millones más 187.94 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos para un total de mása de $914 millones, que deberá cancelar a favor a nombre del Ministerio de Justicia y del Derecho, de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas en 240 meses y de inhabilidad intemporal prevista en el inciso 5 del artículo 122 de la Carta Política, con fundamento en las consideraciones expuestas.

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