Cali, junio 23 de 2026. Actualizado: lunes, junio 22, 2026 21:01
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En una nueva alerta para el Valle del Cauca, la Defensoría del Pueblo advirtió sobre el riesgo inminente en que se encuentran los municipios de Riofrío, Trujillo y Bolívar, en el centro del Valle del Cauca.
Según la entidad, las disputas por el control del Cañón de Garrapatas y otros corredores estratégicos, han derivado en un patrón recurrente de violencia que incluye la instalación y activación de artefactos explosivos improvisados en centros poblados, homicidios selectivos y enfrentamientos armados.
Así mismo, denunció posibles confrontaciones entre los grupos armados organizados Ejército Gaitanista de Colombia, ELN, Nuevo Estado Mayor Central – Frente Jaime Martínez y el grupo de crimen organizado Rastrojos Nueva Generación.
Por lo anterior, la Defensoría prevé un impacto grave en entornos educativos, con la posibilidad de cierres de escuelas y reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes.
Ante los graves riesgos de violaciones de los derechos humanos, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 011 de 2025 para los municipios de Riofrío, Trujillo y Bolívar.
El documento advierte que en estos territorios se configura un escenario de riesgo crítico debido a la confluencia y posible confrontación entre los grupos armados organizados que operan en la región.
Según la alerta, las disputas por el control del Cañón de Garrapatas y otros corredores estratégicos, han derivado en un patrón recurrente de violencia que incluye la instalación y activación de artefactos explosivos improvisados en centros poblados, homicidios selectivos y enfrentamientos armados.
La presencia de estos actores, incrementa el riesgo de desplazamientos masivos, confinamientos prolongados y afectaciones directas a comunidades indígenas, campesinas y urbanas.
En el documento se indica además que el escenario actual combina la disputa territorial, el control de rentas ilícitas y la presión armada, sobre liderazgos comunitarios.
Las comunidades enfrentan un riesgo inminente de homicidios múltiples y selectivos, así como de mayor propagación del uso de explosivos en zonas urbanas.
Además, se prevé un impacto grave en entornos educativos, con la posibilidad de cierres de escuelas y reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, especialmente en contextos rurales.
Las mujeres campesinas, líderes sociales y juventudes también se encuentran bajo amenazas específicas de violencia sexual, extorsión y cooptación por parte de estos grupos.
En Riofrío, hay riesgo es su cabecera municipal y dos corregimientos, en Bolívar en nueve corregimientos y un resguardo indígena y en Trujillo en 10 corregimientos, dos resguardos y dos asentamientos indígenas.
Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo ha formulado un conjunto de recomendaciones al Estado colombiano, organizadas en seis ejes fundamentales.
En primer lugar, se requiere una coordinación y planeación interinstitucional inmediata, liderada por el Ministerio del Interior a través de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas Ciprat, para articular un plan de acción integral con plazos y seguimiento verificable.
En el ámbito de la seguridad, el Ministerio de Defensa, junto con el Ejército y la Policía Nacional, debe reforzar la presencia y control territorial, asegurando patrullajes permanentes en los corredores estratégicos y en las cabeceras urbanas donde se han presentado los hechos más graves.
De manera paralela, se hace indispensable fortalecer las medidas de prevención y protección diferencial para los pueblos indígenas, la comunidad educativa, los niños, niñas y adolescentes, así como para mujeres rurales y líderes sociales, garantizando entornos seguros y rutas de atención, frente a riesgos de reclutamiento, confinamiento y violencia de género.
Así mismo, la Unidad para las Víctimas debe ampliar la capacidad de respuesta humanitaria, actualizando los planes de contingencia en coordinación con gobernaciones, alcaldías y personerías municipales, para enfrentar posibles emergencias de desplazamiento y confinamiento con un enfoque diferencial.
En materia de justicia, la Fiscalía General de la Nación debe priorizar las investigaciones penales contra los máximos responsables de homicidios, desapariciones, extorsiones y uso de artefactos explosivos, desplegando equipos móviles de investigación en terreno con enfoque en derechos humanos y género.
La Defensoría del Pueblo hace un llamado urgente al Estado colombiano, para que las recomendaciones contenidas en esta alerta, sean atendidas de manera inmediata y articulada.
La vida, la integridad y los derechos fundamentales de las comunidades de Riofrío, Trujillo y Bolívar dependen de una respuesta efectiva, oportuna y coordinada.
Fin de los artículos
Una publicación diaria del Nuevo Diario Occidente S.A. Fundado el 19 de noviembre de 1961
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