Luego de que el Consejo de Estado, en segunda instancia, confirmara la nulidad de la elección de Juan David Piedrahíta como alcalde de Cartago para el periodo 2024-2027, la Gobernación del Valle del Cauca designó a Mónica Yohana Guapacha como alcaldesa encargada de dicha localidad.

“Teniendo en cuenta que la ejecutoria de la sentencia de nulidad electoral fue hasta el día de ayer, a partir de hoy ya existe una alcaldesa que va a ser encargada de estas funciones, entre tanto se surta el procedimiento establecido en los casos de la vacancia definitiva como es el caso del alcalde de Cartago”, explicó Diana Lorena Vanegas, directora del Departamento Administrativo de Jurídica del Valle del Cauca.

La designación de Mónica Guapacha, actual secretaria de Hacienda y Gestión Financiera de Cartago, se realiza de acuerdo con la norma establecida para estos casos.

“Este es un proceso que se encuentra reglado tanto por la Constitución y la ley. En este momento se procede a copar la vacancia que ha dejado el alcalde a través de un funcionario que se encarga de la Alcaldía”, anotó la directora Vanegas.

La nulidad de elección como alcalde de Juan David Piedrahíta por parte del Consejo de Estado confirma el fallo emitido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 25 de marzo de 2025, en el que se estableció una doble militancia en modalidad de apoyo durante la campaña electoral.

La salida de Piedrahíta se produjo después de que el Consejo de Estado confirmara la sentencia que anuló su elección al establecer que incurrió en doble militancia, en la modalidad de apoyo, durante la campaña electoral de 2023, ratificando así el fallo emitido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

En Cartago, sigue la incertidumbre sobre el mecanismo para elegir a quien lo reemplazará durante el tiempo restante del periodo constitucional que concluye en diciembre de 2027.

Una de las dudas frente a este procedimiento radica en que la sentencia quedó ejecutoriada cuando el periodo constitucional se encuentra en el límite de los 18 meses restantes, plazo que la legislación toma como referencia para determinar si corresponde convocar a elecciones atípicas o aplicar otro mecanismo para suplir la vacancia.

Ante esta situación, la Gobernación elevó una consulta jurídica al Consejo de Estado con el fin de que defina el procedimiento que debe seguirse.

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