Aunque no se conocen los móviles del crimen, el asesinato de Gilberto Gómez, concejal de Caicedonia, este fin de semana, es un muy mal precedente para la campaña electoral que comienza, pues el Valle del Cauca tiene un histórico preocupante en materia de violencia electoral.

Si bien todo crimen, sea quien sea la víctima, debe ser esclarecido, este caso requiere especial atención de las autoridades, pues dejarlo impune, como ocurre con casi el 80% de los homicidios en este país, podría convertirse en un estímulo para quienes se abren paso en la política con bala y no con votos.

Según un estudio de la Misión de observación electoral, MOE, el año pasado se presentaron 235 hechos de violencia (homicidios, amenazas, atentados y secuestros) contra políticos que fueron candidatos en las elecciones de 2011.

De esos 235 hechos de violencia posteriores a las elecciones pasadas doce fueron homicidios, de los cuales cuatro ocurrieron en el Valle del Cauca, dato que corrobora que este Departamento tiene especial propensión a este tipo de hechos. Por eso, el caso del concejal de Caicedonia debe encender las alarmas de las autoridades.

En un país en donde el año pasado hubo 14.670 homicidios, que doce (menos del 1%) sean de políticos, puede parecer insignificante, pero no lo es. En muchas zonas del país, entre ellas varias del Valle del Cauca, hay que tomar medidas para garantizar el ejercicio de la actividad política de cara a las elecciones legislativas de marzo próximo.

Ojalá el crimen del concejal de Caicedonia no sea otro más de los tantos que no han pasado del anuncio de investigaciones exhaustivas y se han perdido en el olvido y que, sean cuales sean los móviles, se tomen las medidas para garantizar el ejercicio de los derechos democráticos de los vallecaucanos.

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