Hace 35 años no era asesinado un candidato presidencial en Colombia, pero la violencia política nunca se fue, por eso, lo que ocurrió con Miguel Uribe Turbay no es un hecho aislado, sino la más visible expresión de un patrón que se repite en cada campaña: en municipios y regiones, candidatos a concejos, alcaldías, asambleas departamentales e incluso al Congreso caen bajo las balas o sobreviven a atentados.

La campaña de 2023 lo dejó claro. En medio del calendario electoral, al menos siete candidatos fueron asesinados y otros siete sobrevivieron a ataques, que no fueron coincidencias ni tragedias puntuales, sino la prueba de que la eliminación física del contradictor sigue siendo un método usado por quienes no soportan el debate de ideas en nuestro país.

Por eso, independientemente de quienes sean los autores intelectuales, el magnicidio de Miguel Uribe no puede verse como un capítulo aparte, sino como el reflejo de esa violencia que, lejos de desaparecer, se ha adaptado para seguir presente en la vida política del país.

Cada líder eliminado por pensar distinto representa un golpe a la democracia. Uribe, como otros, encarnaba juventud, capacidad de cuestionar y disposición a controvertir, cualidades que en un sistema sano deben ser protegidas, pero, por el contrario, lo convirtieron en blanco.

Este proceso electoral, que apenas comienza, encuentra al país polarizado, con los ánimos caldeados y demasiados actores armados en escena, lo que aumenta el riesgo de que se repitan episodios similares.

El reto es doble: bajar la temperatura del debate y garantizar la seguridad de todos los candidatos, sin distinción de partido.

La democracia no se defiende con agravios ni amenazas, sino asegurando que cada aspirante pueda competir con su voz, no con su vida en juego.

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