El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, propuso esta semana abrir un debate nacional: la vacunación obligatoria contra el covid-19. Aunque a muchos les incomode el tema, el planteamiento hecho por el mandatario no sólo es válido, sino también necesario, para evitar que la pandemia nos lleve nuevamente a una situación calamitosa en lo sanitario, lo económico y lo emocional.

Resulta difícil de comprender por qué, si la efectividad de la vacuna en la lucha contra este virus es evidente, aún hay personas que prefieren dar crédito a los mitos e información falsa que circula a través de las redes sociales. Si se revisan las cifras en Colombia, a simple vista se nota que los biológicos sí brindan una alta protección frente a la enfermedad grave y la muerte por covid. Veamos: mientras que entre el 28 de noviembre y el 8 de enero murieron 77 personas entre los 70 y 79 años de edad por causa del covid-19, que no estaban vacunadas, en el mismo periodo fallecieron por la misma causa sólo 18 personas de igual rango generacional que tenían las vacunas. Las cifras son contundentes, una persona no vacunada tiene cuatro veces más posibilidades de morir que una que esté al día con su esquema de vacunación.

Con base en lo anterior, está más que justificada la obligatoriedad de la vacuna, pero, como decretarla daría paso a una batalla jurídica en torno a las libertades, lo que debería hacer el Gobierno Nacional es restringir la mayor cantidad de espacios y servicios exclusivamente para las personas que tengan el esquema de vacunación completo, como el transporte aéreo, el transporte municipal y el acceso a todo tipo de establecimiento público. Quien no quiera vacunarse, que asuma las consecuencias.

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