El hundimiento de la reforma política presentada por el gobierno del presidente Gustavo Petro es una muy buena noticia para el país, pues se trataba de un proyecto que devolvía al país por lo menos 30 años en materia de avance democrático.

La eliminación del voto preferente, es decir, de la libertad que tiene el elector de votar por el candidato de su preferencia, para obligarlo a votar por el logo de un partido político, equivalía a regresar a la época del lapicero, en la que los caciques políticos determinaban quién podía salir elegido y quién no, algo que imposibilita la llegada a los concejos, las asambleas, la Cámara de Representantes y el Senado de la República de candidatos independientes y de figuras que representen la renovación.

Pero, además de garantizar la eterna reelección de los mismos de siempre, en nombre propio o en cuerpo ajeno, la reforma política promovida por el gobierno Petro promovía prácticas que, de haber sido aprobadas, habrían roto el frágil equilibrio de poderes, pues con este proyecto se buscaba que los congresistas en ejercicio pudieran ser nombrados ministros, algo que, además de ser una burla para los electores, fomentaría el clientelismo.

Además de haber librado al país de un retroceso democrático, el hundimiento de la reforma política envía un mensaje de optimismo sobre la independencia del Congreso de la República frente al gobierno nacional, pues en lo actuado hasta el momento, el legislativo ha sido demasiado condescendiente con el ejecutivo, incluso en proyectos inconvenientes como la reforma tributaria.

Esta señal de independencia es sana y necesaria para la democracia nacional.

Colombia tiene que romper la dañina costumbre de hacer reformas políticas cada cuatro años, a la medida del nuevo gobierno.

El sistema político debe estar pensado para el fortalecimiento de la democracia, no para la conveniencia del gobernante de turno.

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