El “congresito” no tiene nada que ver con el compromiso de refrendación asumido con los colombianos.

La propuesta del presidente Juan Manuel Santos de convocar a un “congresito” que se encargue de aprobar los acuerdos a los que se llegue con las Farc en La Habana es inconveniente desde el punto de vista político, también del legal y, si se quiere, desde el emocional, pues desconoce dos instancias que son fundamentales para darle legitimidad a lo que se pacte con la guerrilla: el Congreso de la República y el pueblo colombiano.

En resumen, la propuesta consiste en crear un cuerpo legislativo temporal, compuesto por  congresistas (de las comisiones primeras de Senado y Cámara) y miembros de las Farc, para darle trámite a las reformas que se requieren para implementar los acuerdos a los que se llegue con el grupo armado ilegal.

¿Cómo justificar desde lo legal reformas constitucionales que no hagan el trámite reglamentario en el Congreso de la República? ¿Cómo justificar políticamente que los mismos guerrilleros de las Farc, sin haber sido elegidos, puedan legislar y, además, hacerlo en beneficio propio? ¿Cómo justificar ante los colombianos que el compromiso de someter a refrendación popular los acuerdos con la guerrilla no se cumplirá?

De repente, al Gobierno Nacional, que lleva ya tres años en este proceso de diálogo, le entró el afán y para justificar esta propuesta, que no es otra cosa que una estrategia para saltarse al Congreso y a los ciudadanos, argumenta falta de tiempo.

Si el proceso de paz no involucra al poder político y al poder popular de este país, ¿de qué tipo de paz se está hablando?

El acuerdo al que se llegue no puede ser solo entre el Gobierno y la guerrilla; si bien la negociación ha sido entre estas dos partes, el acuerdo final tiene que ser una construcción nacional, fruto de un consenso ampliamente mayoritario para que sea real.

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