En la última semana los gremios de los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, así como la gobernadora vallecaucana, Clara Luz Roldán, hicieron llamados al gobierno nacional ante el creciente problema de inseguridad y violencia en estos dos departamentos.

Los problemas no son pocos. Los combates entre grupos armados ilegales, especialmente disidencias de la Farc y ELN, que se disputan el control de los negocios ilícitos en el Cauca, se han vuelto paisaje, y mientras cientos de familias de las zonas rurales huyen.

A esto se suman los reiterados ataques contra los trabajadores de la agroindustria de la caña por parte de invasores de tierras, que ya ha cobrado varias vidas.

Y ni qué decir de la situación de Jamundí, en el sur del Valle, donde cada vez es más evidente la presencia de las disidencias de las Farc.

La situación de Buenaventura es caso aparte, en la zona rural del distrito portuario se vive el éxodo de miles de personas que huyen hacia la cabecera, debido a los combates entre grupo criminales.

En todos los casos anteriormente citados la intervención del gobierno nacional y de la fuerza pública ha sido mínima, pues la propuesta de “paz total” del presidente Gustavo Petro y su política de “seguridad humanitaria” tienen maniatadas a las fuerzas militares, lo mismo que a la Policía, frente a las grandes estructuras del crimen.

Claramente, la inacción de la fuerza pública, debido a las limitaciones impuestas por el gobierno nacional, juega en favor de los grupos armados al margen de la ley, que aprovechan el vacío para afianzar sus negocios ilícitos, y juega en contra de la población civil, que desprotegida, no tiene otro camino que el confinamiento o el desplazamiento.

Ojalá el presidente escuche el llamado de los gremios y de la gobernadora del Valle.

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