En las decisiones judiciales no puede haber motivación diferente que la aplicación de la ley.

El escándalo que sacude a la Corte Constitucional es desesperanzador. Que un magistrado denuncie a otro y lo responsabilice del supuesto cobro para favorecer trámites y decisiones judiciales es muy grave, pues aunque nada esté probado, es claro que algo malo está ocurriendo al interior del alto tribunal.

La Corte Constitucional es el mayor garante de los derechos de los colombianos y que uno de sus togados abra el debate sobre favorecimientos en los procesos genera una sensación de desconcierto muy grande, pues queda la sensación de que las decisiones en algunos procesos no se definen con base en una escala de valores, sino en una escala de precios.

En un país en el que se cobran sobornos por agilizar el trámite de un documento, por evitar una multa, por aprobar proyectos y hasta por desaparecer expedientes, la corrupción en las altas esferas del poder judicial representa el máximo nivel de degradación.

Según Transparencia Internacional, nuestro país está en el puesto 94 en materia de percepción de corrupción entre 177 evaluados. Si bien Colombia está muy lejos de países que viven situaciones críticas, como Venezuela, que está en el puesto 161, casos como el que motiva este editorial indican que si no se corrige el rumbo y, por el contrario, se permite que avance el deterioro, se podría llegar allá.

¿Qué vamos a hacer como sociedad para evitar que la corrupción termine por corroer el Estado? Un país en el que un ciudadano necesita pagar o mover influencias, o las dos cosas, para que se le respete un derecho, es un país inviable, y hacia allá va Colombia si no se toman los mecanismos necesarios para garantizar que las decisiones legales tengan como única base la aplicación de la ley y la defensa de los derechos.

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