Las reformas políticas en Colombia no sirven porque son pensadas para favorecer a quienes la hacen, no al país.

La polémica sucitada en torno a la intención de inhabilitar al vicepresidente de turno como candidato presidencial para el periodo inmediato demuestra que en este país las reformas políticas se hacen pensando en la conveniencia de sus autores más que en cualquier otro interés.

Es claro que permitir que un vicepresidente haga campaña como candidato a la Presidencia de la República sin dejar su cargo va en contravía de lo que se busca al eliminar la reelección presidencial inmediata. Si lo que se pretende es que haya igualdad de condiciones para todos los aspirantes al primer cargo de la Nación, lo lógico es que ninguno de ellos esté vinculado al Estado ni pueda utilizar los recursos públicos para promoverse.

En ese sentido, lo planteado en los primeros cuatro debates de la reforma política y aprobado ayer en el quinto es lo correcto: que para ser candidato presidencial el vicepresidente renuncie a su cargo un año antes de la inscripciones o, de lo contrario, quede inhabilitado.

Si los ministros pueden ser candidatos presidenciales y sólo se les exige renunciar un año antes a su cargo, y lo mismo ocurre en los departamentos y los municipios con los secretarios que aspiran a ser gobernadores y alcaldes, ¿por qué no otorgarle las mismas condiciones al vicepresidente?

Lo planteado ahora sugiere la intención de evitar que el actual vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, se presente como candidato presidencial en las elecciones de mayo de 2018.

Ojalá que por estar pensando en lo que les conviene a ellos, los congresistas no olviden lo que le conviene a Colombia y tengan presente que un punto fundamental de la reforma política es la eliminación de la Vicepresidencia de la República a partir del próximo periodo.

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