El informe de la Unicef según el cual en el Cauca hay 81.649 menores de edad en riesgo de reclutamiento forzado por parte de los grupos armados ilegales o de desplazamiento evidencia la compleja situación que viven los jóvenes en este departamento, uno de los más afectados por el conflicto armado interno que vive Colombia.

Sin embargo, el ser reclutado por la violencia que vive el país no es un riesgo de los menores de edad de las poblaciones apartadas y de alta influencia de los grupos armados al margen de la ley, los jóvenes de los grandes centros urbanos, como Cali, también son incorporados a las filas de la delincuencia, no como guerrilleros, sino como sicarios, expendedores de droga o miembros de bandas delincuenciales. La única diferencia entre unos y otros es que unos son campesinos y otros citadinos.

Lo más triste de esto es que más que la presión de los actores armados, el ingreso de los jóvenes a las filas de la delincuencia no siempre es producto del reclutamiento forzado, en muchos casos es presionado por las circunstancias, pues ante el abandono del Estado, que no les brinda oportunidades, los menores de edad ven equivocadamente el camino de la delincuencia como su única alternativa.

Aprovechando los diálogos de La Habana, el Gobierno Nacional debería exigir a las Farc, como muestra de voluntad de paz, el compromiso de no incorporar más menores de edad a sus filas y desmovilizar a quienes están en ellas.

Pero el Estado también debe hacer su aporte y adelantar una política seria y real de inclusión y acompañamiento de los jóvenes, especialmente de los más vulnerables, para reforzar sus valores, educarlos, capacitarlos y brindarles oportunidades, sólo así los menores de edad dejarán de ser presas fáciles del crimen. Es la única forma de evitar que las víctimas del olvido se conviertan en los victimarios de una sociedad indiferente.

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