Los incendios registrados en los últimos días en los cerros de Cali, de los que se tienen pruebas, entre ellas un video, de que fueron provocados, ameritan la urgente intervención de las autoridades, primero, porque representan un grave peligro para la flora y la fauna, así como para la vida humana, y, segundo, porque pueden tratarse, como lo señalan los indicios, de una estrategia para despejar terrenos y después invadirlos.

Sea cual sea la motivación de los autores de estas conflagraciones, es necesario que sean identificados y judicializados de manera ejemplarizante, y que las autoridades aumenten la vigilancia para evitar los incendios y las invasiones.

Durante casi medio siglo, las autoridades de Cali, independientemente del gobierno en turno, optaron por ignorar deliberadamente la ocupación ilegal de terrenos, lo que permitió la proliferación de asentamientos precarios en gran parte de las laderas y el sector oriental de la ciudad.

La facilidad con la que se invadían estos terrenos se convirtió en un imán que atrajo a personas desplazadas de diversas regiones del suroccidente del país, lo que resultó en un crecimiento caótico de la ciudad y una crisis social evidente en la actualidad.

El acoso por parte de los invasores no se detiene en Cali, y casi cada semana se presentan denuncias relacionadas con esta problemática.

Resulta imprescindible que las autoridades refuercen de manera contundente las acciones contra las invasiones, ya que, como ha demostrado la historia de la ciudad, permitirlas conlleva un impacto significativo en términos sociales, económicos, de servicios públicos y seguridad.

El costo para la ciudad es sumamente elevado, porque se genera un crecimiento desordenado, se estimula la informalidad, se produce un daño ambiental irreparable, se viola el derecho a la propiedad privada y se afecta el patrimonio público.

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