Cali, mayo 25 de 2026. Actualizado: domingo, mayo 24, 2026 16:34

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Hay que recordarle a Gustavo Petro que él es el presidente de todos los colombianos

¿Petro, también contra la clase media?

Visiblemente molesto por la masiva convocatoria que tuvieron las marchas contra su gobierno, realizadas la semana pasada en las principales ciudades del país, el presidente Gustavo Petro arremetió contra quienes participaron en las movilizaciones, a quienes calificó como miembros de “una clase media alta arribista”, lo que generó reacciones inmediatas de quienes consideran el que jefe de Estado estigmatiza a los ciudadanos que ejercen el derecho a la protesta y, además, promueve una peligrosa lucha de clases.

Se calcula que cerca del 30% de los colombianos pertenece a la clase media, conformada por los estratos 3 y 4, que tienen un gran peso electoral y que fueron claves en la elección de Petro. Sin embargo, a raíz de los resultados del gobierno, muchos de quienes pertenecen a esta franja socioeconómica del país y le dieron su voto al presidente, hoy lo cuestionan. Y, aunque son ciudadanos en ejercicio de sus derechos democráticos, el mandatario, en lugar de escucharlos, los gradúa como sus enemigos.

El calificativo arribista, además de infortunado, es desacertado. El arribista es aquel que progresa sin mostrar escrúpulos y nuestra clase media está lejos de eso, pues es, en verdad, una clase trabajadora. Quienes pertenecen a los estratos medios tienen un nivel de vida que les permite acceder a servicios básicos, educación, salud y vivienda, aunque no necesariamente de manera holgada. La clase media colombiana está conformada por profesionales, empleados del sector público y privado, y emprendedores que trabajan arduamente para mantener su estabilidad financiera y mejorar su posición social. Es más, muchos de quienes hoy viven en los estratos 3 y 4 ascendieron desde estratos socioeconómicos bajos con mucho esfuerzo.

Por lo anterior, es injusto llamar arribistas a quienes pertenecen a la clase media y hoy se oponen a las reformas que pretende implementar el gobierno nacional, primero, porque están en pleno derecho a disentir y manifestarse de manera pacífica y, segundo, porque su propia experiencia les permite identificar los peligros de unas reformas regresivas que podrían desmejorar su calidad de vida.

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