El presidente Gustavo Petro firmó el decreto para convocar una consulta popular sobre su reforma laboral.

La iniciativa surge a pesar de que avanza en el legislativo. Esto es lo que ha encendido alarmas sobre posibles tensiones entre los poderes del Estado.

El mandatario advierte que solo retirará el decreto si el Congreso aprueba todos los puntos propuestos. Sin embargo, al mismo tiempo, advirtió que el decreto será enviado la Corte Constitucional para su revisión.

Estamos en una situación sin antecedentes que ponen en evidencia que la democracia exige canales de diálogo, no imposiciones entre ramas del poder público.

El Ejecutivo debe respetar las competencias del Congreso y acatar lo que defina la Corte. Adicionalmente, es vital que la ciudadanía comprenda los alcances jurídicos de esta consulta.

Cualquier reforma, por justa que parezca, debe enmarcarse en la legalidad. Solo así se preserva la confianza institucional y la estabilidad democrática.

Aún no se configura una ruptura institucional, pero las señales ameritan atención y responsabilidad cívica. Como ciudadanos debemos mantener la calma y actuar con firmeza para defender la democracia.

Es crucial exigir que cada poder actúe con independencia, respetando la Constitución y la ley. Estos debates deben darse bajo la norma, no movidos por la pasión ni el impulso del momento.

No olvidemos que también elegimos al Congreso, y que el equilibrio de poderes garantiza nuestra estabilidad democrática a largo plazo.

La ciudadanía debe estar vigilante, exigir respeto a la Constitución y defender el equilibrio entre los poderes. Solo así se protege nuestra democracia sin caer en confrontaciones innecesarias ni renunciar a la legalidad que nos une.

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