En Colombia, al parecer, hasta los recursos de la salud pueden terminar haciendo turismo por lugares bastante alejados de un hospital.

Mientras miles de pacientes esperan una cita, reclaman medicamentos o pasan horas buscando atención médica, una investigación periodística puso sobre la mesa unos gastos que difícilmente encajan en las prioridades de un sistema que debería tener como único norte salvar vidas.

Según la investigación divulgada por La Silla Vacía, una empresa vinculada al grupo Coosalud registró pagos en un casino y en un establecimiento para adultos mientras la organización estaba bajo intervención estatal.

Hablamos de cuatro pagos por cinco millones de pesos en un casino de Cartagena y otros dos por 800.000 pesos en un establecimiento para adultos.

A esto se suman retiros de efectivo superiores a los 56 millones de pesos entre agosto y diciembre de 2025.

Movimientos que, como mínimo, merecen una explicación detallada. Porque una cosa es administrar una empresa y otra muy distinta es que sus registros financieros terminen alimentando una historia que parece escrita para una comedia, si no fuera porque detrás hay recursos relacionados con la salud de los colombianos.

La ironía es difícil de ignorar. El Gobierno de Gustavo Petro convirtió la intervención de las EPS en una de sus principales apuestas para corregir los problemas del sistema.

La promesa era recuperar el control, mejorar la administración y proteger a los usuarios. Pero cuando aparecen gastos de esta naturaleza durante una intervención, la pregunta inevitable es qué estaban haciendo quienes recibieron la responsabilidad de administrar y vigilar esos recursos.

Si el Estado llegó para poner orden, ¿cómo se explica que ahora tengamos que discutir pagos en establecimientos que nada parecen tener que ver con la atención médica?

Y no se trata de afirmar, sin una investigación concluyente, que cada peso cuestionado constituye un delito.

Se trata de algo más elemental. Quien administra recursos debe explicar en qué los gasta, con qué autorización y bajo qué justificación.

La transparencia no puede depender de si el dinero está en manos de un particular o de un funcionario designado por el Gobierno.

Al contrario, cuando el Estado asume el control, la vigilancia debería ser todavía más estricta.

Las cifras financieras de Coosalud también exigen atención. Según la información divulgada, la entidad pasó de reportar un patrimonio positivo cercano a los 290.000 millones de pesos antes de la intervención a registrar un patrimonio negativo de 3,7 billones de pesos en octubre de 2025.

No sería serio atribuir todo ese deterioro exclusivamente a la intervención, pues la organización ya enfrentaba dificultades.

Pero tampoco sería aceptable utilizar los problemas heredados como una excusa para no rendir cuentas sobre lo ocurrido durante la administración estatal.

Y el deterioro no se limita al patrimonio. Según cifras atribuidas a la Procuraduría, en 2022 Coosalud destinaba el equivalente a 94 de cada 100 pesos que recibía a cubrir los costos de atención en salud.

Para 2025, esos costos llegaron a 115 pesos por cada 100 recibidos. En otras palabras, el dinero que ingresaba ya no alcanzaba para cubrir esos gastos.

A esto se suma que los gastos administrativos aumentaron de $189.000 millones en 2022 a $316.000 millones en 2024, es decir, $127.000 millones más. Además, durante el primer año de intervención, la entidad tuvo cuatro agentes interventores, lo que supone cambios frecuentes en su dirección.

Estas cifras obligan a preguntar qué ocurrió con la administración de Coosalud y qué resultados produjo una intervención estatal que debía contribuir a corregir sus problemas.

Aquí es donde el discurso anticorrupción se enfrenta a la prueba de los hechos. Gobernar no consiste únicamente en intervenir, anunciar medidas o señalar los errores de los anteriores administradores.

También significa responder por las decisiones tomadas bajo la propia vigilancia. Si hubo fallas en los controles, hay que establecerlas.

Si alguien autorizó gastos injustificados, debe responder. Y si los recursos fueron utilizados indebidamente, las autoridades tienen que actuar.

Mientras tanto, los pacientes siguen enfrentando dificultades para recibir atención médica. Las tutelas contra Coosalud pasaron de 16.845 en 2024 a 20.194 en 2025, es decir, 3.349 más que el año anterior, un aumento del 19,9 %.

También aumentaron las quejas relacionadas con procedimientos quirúrgicos, que pasaron de 2.896 a 7.647. Estas cifras reflejan un incremento de las reclamaciones de los usuarios y hacen necesario examinar qué está ocurriendo con la prestación de los servicios.

Además, la Defensoría del Pueblo ha advertido sobre barreras de acceso que afectan a cerca de 3,3 millones de afiliados de la entidad.

Mientras tanto, los pacientes no pueden darse el lujo de esperar a que las explicaciones lleguen.

Para una persona que necesita un medicamento costoso, una cirugía o un tratamiento urgente, cada peso importa.

Por eso resulta tan difícil aceptar que una empresa vinculada al sector salud aparezca relacionada con pagos de esta naturaleza sin que exista una explicación convincente y verificable.

La salud no es una caja menor, ni un fondo para gastos extravagantes, ni un experimento administrativo en el que nadie responde cuando las cosas salen mal.

Tampoco puede convertirse en un casino político donde cada Gobierno apuesta su credibilidad y los pacientes terminan pagando las pérdidas.

Al final, la intervención estatal debía ofrecer garantías, no nuevas dudas.

Y si el propósito era demostrar que el Gobierno podía administrar mejor los recursos, los hallazgos conocidos obligan a entregar respuestas concretas.

Porque hay algo que no admite ironías. Mientras unos discuten quién debe asumir la responsabilidad, hay colombianos esperando que el sistema de salud cumpla con la suya.

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