En un país como Colombia, azotado por el crimen, cuesta comprender que el presidente de la República cuestione las medidas adoptadas contra la delincuencia en otra nación, máxime cuando estas determinaciones han permitido reducir los índices de violencia.

Por ello, se equivoca el presidente Gustavo Petro cuando arremete contra la política criminal aplicada por el presidente Nayib Bukele, en El Salvador, a través de la cual logró someter a las pandillas que por años convirtieron a este país centroamericano en un territorio violento e inseguro, algo que quedó atrás.

En contraste con la persecución y judicialización que se adelanta en El Salvador contra los actores violentos, en Colombia el gobierno del presidente Gustavo Petro promueve medidas contrarias al castigo para los grupos al margen de la ley y la delincuencia en general, como la eliminación de delitos, la excarcelación de presos y los beneficios judiciales ofrecidos para todo tipo de organizaciones criminales.

¿Por qué en lugar de inmiscuirse en asuntos internos de otro país, el presidente Petro no se concentra en atender el complejo y creciente problema de orden público e inseguridad que se vive en Colombia?

Siete meses después de iniciado su gobierno, la promesa de “paz total” del mandatario, lejos de comenzar a materializarse, parece alejarse cada vez más, pues el discurso y las medidas adoptadas en este sentido han surtido un efecto contrario y han empoderado a los grupos armados ilegales y a la delincuencia común, que han aprovechado el repliegue de la fuerza pública para aumentar sus actividades ilícitas en detrimento de la tranquilidad de los colombianos.

Petro no tiene que replicar el modelo de Bukele si no lo comparte, pero su obligación es enfrentar al crimen, defender a los ciudadanos, que esperan acciones de su gobierno contra la delincuencia.

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