A la reforma a la salud, aprobada hace pocos días por el Congreso de la República y presentada por el Gobierno Nacional como la gran revolución en la materia, se le podría aplicar la frase aquella que dice que en ocasiones el remedio resulta peor que la enfermedad.

En el papel, el legislativo aprobó el acceso ilimitado a servicios de salud, con excepción de los estéticos. Esto, si bien es el ideal, resulta insostenible financieramente para el Estado. Lo más grave es que ni el Gobierno, como lo confirmó el propio Ministro de Hacienda, ni el Congreso tienen idea de cuánto costará sostener ese modelo.

No hay que ser adivino para prever que bajo este esquema no se podrá cumplir lo prometido, por falta de presupuesto, sino que también se abrirá una puerta para que los desangradores del Estado, que han hecho grandes negocios con la salud, sigan haciéndolos y, aprovechando que no habrá límites, encuentren nuevas fórmulas para aumentar sus ganancias.

El problema de la salud es fiscal, hay pocos recursos mal manejados, por lo tanto el nuevo esquema no lo soluciona, por el contrario, crea condiciones que más temprano que tarde lo agravarán.

Lo que no se entiende es cómo el Gobierno Nacional cometió la irresponsabilidad de presentar una reforma que no está financieramente calculada; el costo del nuevo sistema, que debió definirse previamente, se conocerá sólo cuando se tramite la ley que reglamentará la reforma.

La premura con la que el Gobierno la presentó, con mensaje de urgencia; la rapidez con la que el Congreso la aprobó, las denuncias de presiones de sectores interesados en negocios de la salud y el desconocimiento de los efectos financieros de su aplicación, dejan mucho que desear de esta reforma.

El peor servicio es el que no se presta, y, al ritmo de gasto que impondrá la nueva realidad del sistema, no habrá otra reforma que valga para recomponer las finanzas de la salud.

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