Lo de Tumaco no es una acción política, es un acto contra los civiles.

¿Podrán las Farc explicar cómo se hace la revolución dejando a 150 mil personas, en su gran mayoría pobres, sin suministro de agua potable? Esta pregunta surge ante la situación que vive Tumaco debido a la voladura del Oleoducto Trasandino que causó el derrame de 410 mil galones de petróleo; la mancha que se extendió por cinco ríos ya llegó al mar, dejando a los habitantes del puerto nariñense no sólo sin el preciado líquido sino también sin su principal actividad de sustento y alimentación: la pesca.

Además de ser un crimen contra la población civil, por las razones ya expuestas, este derrame de petróleo es, según el Ministerio del Medio Ambiente, el peor daño ecológico registrado en Colombia en los últimos diez años.

¿Cómo puede justificar esto la guerrilla? ¿Cuál es la intención política de acabar con los ecosistemas y de ocasionar una emergencia sanitaria y socioeconómica? ¿No es a esa población pobre y abandonada por el Estado, como la de Tumaco, a la que dicen defender las Farc?

El Derecho Internacional Humanitario, DIH, “prohíbe a los actores de conflictos armados incurrir en la destrucción del ambiente no justificada por necesidades militares imperiosas, de acuerdo con los principios de distinción y proporcionalidad. Del mismo modo, los actores del conflicto, en la conducción de las hostilidades, deben abstenerse de menoscabar los derechos al ambiente sano y al agua”.

Lo de Tumaco es, entonces, una innegable violación al DIH comedita, paradógicamente, por una agrupación que a miles de kilómetros de distancia está hablando de paz, mientras que acá en Colombia hace todo lo contrario.

El Gobierno Nacional y los países garantes no pueden ser cómplices de este tipo de ataques contra la población civil y deben exigirle a las Farc el cese inmediato y total de este tipo de acciones para seguir adelante con el proceso de paz. Es una cuestión de coherencia.

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