Es alarmante el crecimiento de esta actividad en las narices de las autoridades.

Las imágenes que muestran la destrucción de retroexcavadoras, dragas y campamentos utilizados para la extracción ilícita de minerales son frecuentes en la agenda informativa colombiana. Se podría pensar, por la recurrencia con la que aparecen este tipo de noticias, que las autoridades son muy efectivas en la lucha contra la minería ilegal, pero no es así. La realidad es otra, cuando las autoridades llegan a los campamentos mineros ya es demasiado tarde, llegan cuando el daño ambiental ya está hecho, cuando se han talado bosques, cuando los lechos de los ríos están destruidos y sus aguas contaminadas por los químicos.

Hace solo un mes en Timbiquí, en el Pacífico caucano, el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, la Armada, el Ejército, la Policía y la Fuerza Aérea realizaron un operativo en el que fueron destruidas 37 retroexcavadoras y dos dragas; cuando las autoridades llegaron, los delincuentes ya habían intervenido al menos 14 kilómetros del afluente, ocasionando un daño ambiental incalculable. Ante un caso como este surgen preguntas sin respuesta: ¿cómo puede ser movilizada e instalada tal cantidad de maquinaria sin que ninguna autoridad se percate? Esto solo se puede entender desde dos ópticas: la de la inoperancia y la de la corrupción.

Este problema no se puede seguir viendo como algo lejano; hace una semana fue necesario suspender la captación de agua en el río Cauca a su paso por Cali por contaminación con mercurio, químico utilizado en la minería.

Esta actividad ya ha acabado con más de 150 mil hectáreas de bosques en todo el país y tiene en riesgo de extinción a diez especies de fauna. Si las autoridades siguen llegando tarde, los efectos ambientales en el corto plazo serán  catastróficos.

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