Uno de los mayores desafíos que recibirá el gobierno de Abelardo De la Espriella será recomponer unas finanzas públicas profundamente deterioradas.

Después de cuatro años de un manejo fiscal caracterizado por el aumento del gasto, la reducción de los ingresos y un creciente déficit, el país necesita un Estado mucho más austero y eficiente.

Por eso resulta acertado el anuncio del presidente electo de cerrar 14 embajadas, cerca de quince consulados, unificar algunas representaciones diplomáticas y revisar la estructura del servicio exterior.

La medida hace parte de un plan de reorganización orientado a reducir gastos administrativos y destinar más recursos a sectores prioritarios como la seguridad, la salud, la educación y la infraestructura.

Más allá de la discusión sobre cuánto será exactamente el ahorro, el mensaje es el correcto. El Estado no puede seguir sosteniendo estructuras burocráticas que no responden a una necesidad estratégica para el país.

Varias de las embajadas creadas o reabiertas durante el gobierno de Gustavo Petro obedecieron más a decisiones ideológicas o de conveniencia política que a un verdadero interés nacional.

Casos como la embajada en Haití o la reapertura de la representación ante la FAO (reabierta para nombrar a Armando Benedetti) terminaron alimentando la percepción de que la política exterior fue utilizada para crear cargos y acomodar aliados políticos. Esa no puede ser la función del servicio diplomático.

Las embajadas existen para defender los intereses de Colombia, promover el comercio, atraer inversión y fortalecer las relaciones internacionales, no para ampliar la burocracia.

El país no soporta más derroche. Durante los últimos años el gasto público creció mientras se debilitaban importantes fuentes de ingreso del Estado.

Aun así, la respuesta del gobierno saliente volvió a ser la de siempre: crear nuevos impuestos.

La más reciente reforma tributaria presentada por la administración Petro insiste nuevamente en aumentar la carga para los contribuyentes, en lugar de hacer primero un ejercicio serio de racionalización del gasto.

Antes de pedirles más recursos a los ciudadanos, el Estado tiene la obligación de demostrar que administra con responsabilidad los que ya recibe.

Eso implica revisar entidades, eliminar duplicidades, cerrar oficinas innecesarias, reducir cargos creados únicamente para satisfacer compromisos políticos y modernizar la administración pública.

Si Colombia quiere recuperar la estabilidad de sus finanzas, la primera llave que debe cerrarse es la del gasto innecesario del Estado.

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