Minería ilegal, ¿hasta cuándo? Minería ilegal, ¿hasta cuándo?

Cali, abril 17 de 2024. Actualizado: miércoles, abril 17, 2024 16:44

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Minería ilegal, ¿hasta cuándo?

Resulta preocupante la alerta lanzada por las autoridades del Cauca, que advirtieron a otros departamentos sobre el desplazamiento de maquinaria utilizada en actividades de minería ilegal.

Ante los controles implementados luego de la tragedia que dejó doce personas muertas en una mina en Santander de Quilichao, las retroexcavadoras y demás equipos utilizados para esta actividad están siendo llevados a otras regiones.

La preocupación aumenta cuando se nota que las autoridades no le dan al tema la importancia que amerita, tal vez porque no han dimensionado la magnitud del problema o porque existen vínculos entre los promotores de esta actividad ilícita y los funcionarios que deberían impedirla.

De poco sirve que en el Cauca las autoridades, que cambiaron de actitud luego de la tragedia en Santander, realicen estrictos controles para combatir la minería ilegal si los saqueadores de minerales tienen la facilidad de ir con sus maquinarias a otras zonas del país.

El Gobierno Nacional ha sido demasiado laxo frente a este problema, ante el cual el Estado debe actuar en una misma dirección en todo el país, pues, de lo contrario, será incontrolable, especialmente en las zonas apartadas carentes de institucionalidad, que coincidencialmente son las más ricas en materia de minerales.

La minería ilegal agrupa demasiados males: arrasa ecosistemas completos, generando gran contaminación de las fuentes de agua; pone en riesgo la vida de quienes trabajan en los socavones; genera ingresos para los grupos armados al margen de la ley y las bandas criminales, y, al igual que el narcotráfico, alimenta la cultura del dinero fácil y estimula la corrupción.

La lucha contra la minería ilegal debe estar en cabeza del Gobierno Nacional, que hasta el momento se ha quedado en el discurso, dejando solos a gobernadores y alcaldes frente a un problema que sobrepasa la capacidad de las autoridades locales y seccionales.

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