Las dificultades ocasionadas en la movilidad de Cali esta semana por cuenta de las protestas de un grupo de conductores y propietarios de buses de rutas del sistema convencional que fueron canceladas exige de la administración municipal mano fuerte en la eliminación del paralelismo con cumplimiento en condiciones justas a los dueños de los vehículos en los pagos por chatarrización.
Se trata de un proceso en el que la ciudad no puede dar marcha atrás. Cali escogió un modelo de transporte público que parte de la eliminación del sistema colectivo convencional y su reemplazo por uno integrado, y esto debe cumplirse para que el MIO sea viable.
En ese sentido, no sólo debe eliminarse el paralelismo de los buses convencionales que se resisten a la nueva realidad del transporte de la ciudad, sino también la piratería que se hace desde motos, taxis y vehículos particulares.
Sin embargo, para ser efectivos en la eliminación del paralelismo y la piratería se requiere algo más que operativos de tránsito, la administración municipal tiene que ir al origen de esas prácticas, y estas sólo se contrarrestan ofreciendo un mejor servicio de transporte.
Las protestas de los últimos días han evidenciado innegables falencias en el transporte que son suplidas por servicios ilegales. Por lo tanto, hasta que no se sa-tisfagan por completo las condiciones de la demanda, será muy difícil, por no decir imposible, evitar que los usuarios busquen alternativas de transporte.
Es un círculo complejo: el MIO requiere más pasajeros para lograr el equilibrio financiero y ser viable; pero los usuarios de algunas zonas reclaman más frecuencia y mayor cobertura para subirse al sistema, y para mejorar en estos dos puntos se requieren recursos.
En medio de ese panorama deben tomarse decisiones que privilegien a los usuarios, que garanticen la movilidad y que viabilicen el sistema.

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