Resulta inverosímil la magnitud de las marchas en contra de la Ley anticontrabando que fue aprobada en el Congreso y que pasa a sanción presidencial.

La nueva Ley sin duda pone en cintura a todo el que viva del contrabando pues penaliza con cárcel el contrabando desde los 30 millones de pesos.

Igualmente, castiga no solo a quienes introducen al país los productos sino también a quienes los transportan y comercializan. La nueva ley además simplifica los trámites para que los decomisos se puedan donar y no se pierdan en las bodegas de la Dian mientras se cumple un trámite judicial.

Lo que vimos ayer en las calles del país es verdaderamente el colmo del descaro. Los contrabandistas protestando y defendiendo su práctica criminal so pretexto de que por cuenta de la lucha contra el contrabando se perderán muchos empleos.

El narcotráfico, la guerrilla, la minería ilegal, las oficinas de cobro y en general todas actividades delincuenciales generan empleos, por cierto muy lucrativos pero son un cáncer para nuestra sociedad.

Colombia no puede perder de vista que el contrabando es un delito. Según cifras de la Dian, esta actividad mueve alrededor de 6.000 millones de dólares anuales en el país, y representa una pérdida de 1.500 millones de dólares en recaudo de impuestos.

El contrabando es la plaga de nuestra economía, introduce a la industria y al comercio legal en una guerra de precios sin cuartel lo que en últimas afecta la generación de empleo legal en nuestro país.  Con el contrabando hay que ser implacables si queremos proteger la economía nacional.

En la lucha contra el contrabando no puede haber tregua, no solo hay que sancionar la Ley también hay que brindarle a las autoridades las herramientas para aplicarla con todo rigor.

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