En los últimos meses, se ha vuelto común escuchar al presidente Gustavo Petro calificar como “golpe blando” o parte de un supuesto golpe de Estado cualquier acción legal que cuestione o incomode a su gobierno.

Este lenguaje alarmista, repetido casi semanalmente, genera preocupación, especialmente cuando lo que se observa son decisiones legítimas y democráticas que forman parte del sistema de pesos y contrapesos de una democracia.

Un ejemplo reciente es la elección de Gregorio Eljach como procurador general de la Nación.

Eljach, propuesto por el mismo Petro, fue elegido con una mayoría casi absoluta en el Senado.

Si, como afirma el presidente, el Congreso estuviera conspirando para un golpe, ¿no habría sido más lógico rechazar a su propio candidato?

Este hecho pone en evidencia lo exagerado e impreciso de las constantes referencias del mandatario a un golpe de Estado.

Es fundamental que el presidente entienda que el Congreso no está para ser un notario de su gobierno.

Su rol es legislar y ejercer control político, como lo dicta la Constitución.

Si el Congreso decide hundir un proyecto del Ejecutivo, eso no es un golpe de Estado, es una decisión soberana y legítima, producto del debate democrático.

Similarmente, cuando una corte o una autoridad investiga al presidente o su campaña, no es un ataque, es simplemente el cumplimiento de sus funciones.

La estrategia de victimización a través de la desinformación no solo distorsiona la realidad, sino que también enciende peligrosas tensiones en el país.

Al repetir estas afirmaciones, Petro envalentona a sus seguidores, que pueden llegar a ver cualquier acto de control o crítica como una amenaza al gobierno, cuando en realidad son mecanismos propios de una democracia robusta.

Calificar cualquier crítica o desacuerdo como un golpe es no solo una exageración, sino un riesgo para la estabilidad democrática de Colombia.

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