Es comprensible la indignación que ha despertado entre la opinión pública colombiana el aumento de $7.8 millones en el salario de los congresistas de la República que ordenó el presidente Juan Manuel Santos, pues en momentos en los que la unidad nacional no está tan unida como su nombre lo sugiere, ad portas de una posible aspiración del Jefe de Estado a la reelección y con serias dificultades para lograr mayorías en el Congreso, el decreto que les devolvió a los legisladores lo que el Consejo de Estado les quitó tres semanas atrás inevitablemente es interpretado por muchos como una transacción política.

Un salario de $24 millones mensuales es acorde a la dignidad del cargo de congresista de la República, y además, gústele a quien le guste, son derechos laborales ya adquiridos por quienes fueron elegidos para el Senado y la Cámara de Representantes. Sin embargo, ante el pobre desempeño de nuestros legisladores y la innegable inequidad salarial de Colombia, donde al menos once millones de personas ganan menos de un salario mínimo al mes, es lógico que a la gran mayoría de la población le parezca un despropósito.

El problema del aumento de los $7.8 millones radica en que a muchos colombianos les parece una remuneración demasiado buena para un trabajo percibido como demasiado malo. Y es que el decreto del incremento para los congresistas se dio justo cuando hay una polémica nacional por el pobre nivel de asistencia de representantes y senadores a sesiones que sólo son de martes a jueves.

Así las cosas, el mensaje del pueblo para los congresistas es claro: si quieren mantener un sueldo de $24 millones, tienen que merecerlos, trabajando por el país y no por sus intereses ni los de sus partidos.

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