La protección especial que le otorga el Estado colombiano a las minorías étnicas no puede convertirse en una patente para que estas comunidades pasen por encima de los derechos de otros ciudadanos.

Esta reflexión surge a partir de los hechos registrados en la última semana en Medellín, donde indígenas procedentes del Chocó, que viven en la capital antioqueña, se tomaron la Alcaldía y, utilizando menores de edad, destrozaron puertas, ventanas y mobiliario. Días antes, en Bogotá, indígenas que estaban en la plaza de Bolívar trataron de tomarse el Congreso de la República.

No se puede negar que muchas comunidades autóctonas están abandonadas y son vulnerables, y si bien en la mayoría de los casos sus reclamos son legítimos, esto, bajo ninguna circunstancia puede facultarlos para recurrir a las vías de hecho.

En ese sentido, las autoridades deben cuidarse de actuar bajo este tipo de presiones, pues pueden terminar enviando un mensaje equivocado y validar ante todo el país la violencia, el vandalismo y la destrucción como medios para tramitar los reclamos con el Estado.

El mejor y, al mismo tiempo, peor ejemplo de ello, es el bloqueo de la carretera Panamericana en el departamento del Cauca, que ha sido validado gobierno tras gobierno como método de presión al que han cedido todos los presidentes, sin excepción, lo que convirtió el taponamiento de esta carretera en un evento cíclico, sin que importe el grave daño que se le ocasiona a los habitantes del sur del país y a la economía nacional.

Las autoridades deben atender oportunamente los reclamos de la comunidad en general, y en cualquier caso en el que se excedan los límites de la protesta pacífica, deben actuar, pues si no se ponen límites, las tomas y los bloqueos sumirán al país en el caos.

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